La UTE Mejora Mahón-Alayor, la constituida por las constructoras Dragados y Antonio Gomila, ha advertido al Consell con renunciar al contrato y no terminar las obras de reforma de la carretera general que empezó a ejecutar el 25 de septiembre y paralizó antes de cumplir los tres primeros meses.
Aunque no se ha aceptado la «suspensión temporal parcial» solicitada por la UTE, los trabajos acumulan ya casi dos meses de parálisis sin que las divergentes posturas entre las constructoras y la administración insular se hayan acercado desde entonces. La reunión celebrada ayer volvió a terminar sin acuerdo, pero con el compromiso de las partes de citarse de nuevo el próximo lunes en Palma para que, con la mediación del director de la obra, Pau Socias, se intente «desbloquear» finalmente la situación.
Pero el fantasma de la rescisión planea más que nunca sobre la mesa de negociación. Los 2,8 millones de euros de sobrecoste reclamados desde finales de año por la UTE -que ya son más de tres millones, según las fuentes consultadas- suponen una desviación presupuestaria del 38 por ciento, en absoluto contemplada por la nueva Ley de Contratos, más restrictiva a la hora de aceptar modificaciones como las aprobadas en su día en las obras del dique y la variante de Ferreries o la planteada ahora por Dragados.
De acuerdo con la ley, tan solo se puede estimar un sobrecoste máximo del 16,5 por ciento: un 6,5 por alteraciones justificadas y otro 10 en la certificación final de la obra. Pero Dragados cree que puede realizarse una interpretación más flexible de la ley para aceptar desviaciones mayores, como la que propone ahora.
Avisó a las tres semanas
Dragados y Antonio Gomila no presentaron la oferta más económica, pero sí accedieron a ejecutar las obras por 700.000 euros menos. En total, 7.574.238 euros (más IVA) que enseguida vieron insuficientes. El 16 de octubre, apenas tres semanas después de iniciar los trabajos, la UTE ya entregó al Consell una valoración mayor. Y lo hizo en base al resultado del levantamiento topográfico que, por indicación de la dirección de obras, había encargado en julio a la empresa Lindes y que evidenció errores en la medición y en los precios de material.
Según las informaciones recabadas por este diario, se aduce que la obra es un 24% mayor de lo previsto en el proyecto, lo que, por ejemplo, dispara los costes en aglomerado asfáltico más de un millón por encima de lo presupuestado.
Los errores de medición proceden del cambio de taludes impuesto por Medio Ambiente y la diferencia de cota para encajar las obras de drenaje, que entre los kilómetros 5,6 y 10,10 hacen preciso subir la rasante hasta en un metro y medio. También se necesita realizar un mayor movimiento de tierras, desplazar una torre de electricidad, soterrar el cableado de Telefónica e instalar alumbrado en las seis rotondas, así como unidades de protección como vallas, barreras o biondas, tampoco contempladas. Además, alguna de estas acciones requiere desviar el tráfico temporalmente por zonas que no han sido expropiadas.
Demasiados contratiempos para una obra que concita una gran contestación dentro y fuera de la Isla y con las elecciones a cuatro meses vista.
Independientemente de si lo que hacen en la carretera está bien o mal. ¿Qué clase de contratos se firman para adjudicar estas obras?¿No han escarmentado con el puerto de Ciudadela? Pero esto cómo se puede tolerar?? Así que....digo que un trabajo por X dinero, pero como se han equivocado en los cálculos del material etc.... pido más dinero??? A la calle con estos y que no hagan más trabajos para la administración. verás como los demás prestan más atención. Esto sería lo normal. Si hay "chachullos"comisiones" y demás mier*as...ya me cayo.