Més per Menorca ha llevado 15 propuestas concretas a la mesa de negociación para conformar el nuevo Govern balear, que ayer empezó a andar en Palma.
Dos de ellas, la moratoria de la ampliación del puerto de Fornells y la puesta en marcha de un servicio provisional de residencia para familiares y enfermos de las islas menores figuran entre las «medidas urgentes» a acometer en los primeros 100 días de gobierno.
A lo largo del mandato, los tres diputados menorquinistas de Més también abogan por hacer efectiva la «transferencia inmediata y bien dotada» de la promoción turística, la regulación del alquiler turístico, la construcción del Parc Bit de Alaior, la ampliación a 24 horas del servicio de avioneta-ambulancia con Palma, la implantación de la radioterapia, la creación de unanueva reserva marina en Menorca o la aprobación de una ley específica sobre la Reserva de la Biosfera.
Asimismo, Més per Menorca pide que se renegocie la Ley de financiación de los Consells insulares, se apruebe un plan de fomento del transporte público por carretera para las islas menores que no cuentan con servicio ferroviario, se renegocie el convenio de Carreteras vigente con Madrid y se implante, de una vez, la tarifa plana de 30 euros en los vuelos entre islas.
Mientras, esta mañana se celebra en la sede del PSM en Ciutadella la primera reunión para tratar de alcanzar un acuerdo para conformar un gobierno de izquierdas tripartito en el Consell.
Més, que el lunes ya mantuvo un encuentro informal preparatorio con el PSOE, celebró anoche en Es Mercadal su octava asamblea, destinada a dar luz verde a la negociación y a fijar los términos en que puede desarrollarse.
Podemos también ha hecho partícipe de la negociación a su militancia en Menorca. Por vía telemática, ha pedido a sus afiliados que expongan las «líneas moradas» que no permitirá cruzar en ningún momento a sus dos interlocutores. Entre otras propuestas, se apunta la necesidad de exigir la reducción de altos cargos, la prohibición de nombrar a consellers no electos, un plan de choque contra los desahucios, la paralización inmediata de las obras de la carretera general o la revisión del PTI.