El Ministerio de Justicia ha desatendido la petición conjunta formulada por 25 entidades de Ciutadella que en mayo le pidieron que echara atrás el alquiler de Can Saura como futura sede de los juzgados por atentar «contra la voluntad popular».
En una respuesta dirigida al presidente del Cercle Artístic, Rafel Pallicer, la subdirectora general de Obras y Patrimonio, Amalia Castro-Rial, concluye que el Ministerio «ha cumplido el objetivo de mejorar la prestación del servicio a favor de los ciudadanos», ya que la de Can Saura «es una zona excelente». Su ubicación «los inserta dentro del tejido social y urbano, permitiendo su acceso peatonal de una manera clara y sencilla».
La subdirectora general remarca que, al suscribir el acuerdo de alquiler con el Ayuntamiento, se ha seguido «un procedimiento más que correcto, sin que el Ministerio deba entrar en otros aspectos ajenos a la justicia». El alcalde Ramon Sampol ostentaba entonces «la competencia para concertar contratos privados» y la hizo valer, sin que se haya «contemplado ningún fallo en la tramitación».
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