El nuevo gobierno tripartito del Consell sopesa renunciar a seguir pleiteando ante los tribunales de justicia para reclamar responsabilidades por el caso Cesgarden.
El conseller de Ordenación del Territorio, Santiago Florit, se amparó este martes en el parecer de los servicios jurídicos de la presidenta Maite Salord, que le «ven poco recorrido» a la causa, para justificar la decisión que, «de todas formas y de un modo definitivo, aún no está tomada».
Florit advirtió del «riesgo de incurrir en un incremento del gasto» público, pendiente todavía de la resolución del último recurso a la ejecución forzosa solicitada por la promotora que, con el visto bueno inicial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, pretende elevar en 11 millones más el lucro cesante de la indemnización, que ya obliga al Consell a abonarle 26,3 millones de euros.
El anterior gobierno insular del PP registró en marzo sendos escritos para oponerse a la providencia de los magistrados, cuya resolución -tras medio año de espera- se antoja «inminente».
La defensa jurídica del caso Cesgarden le ha costado al Consell, solo en los dos últimos años, al menos 37.842 euros.
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