Compromiso sí, dinero no. Este es el resumen de las intenciones del Gobierno central en relación a la desaladora de Ciutadella, cuyas instalaciones hace cinco años que están acabadas y todavía no han entrado en funcionamiento.
Pese al compromiso de Mariano Rajoy el pasado miércoles ante la presidenta Armengol de solucionar el problema para que la planta pueda entrar en marcha, no se ha incluido ninguna partida en los Presupuestos Generales del Estado del año que viene para desbloquear la situación. Ni se prevé hacerlo. Así lo confirmó ayer la senadora menorquina, Juana Francis Pons Vila que adelantó que el PP no prevé presentar enmiendas para que los presupuestos incluyan una partida para la desaladora.
La senadora alega que lo que hay hacer primero es encontrar una solución para abordar la reclamación patrimonial de la empresa concesionaria, que se tiene que encargar de su gestión los próximos 15 años. Acciona pide al Ministerio de Medio Ambiente que le pague los costes de la construcción y los gastos de mantenimiento de estos años que ha estado paralizada, harta de esperar a que se cometan las obras de canalización hasta Ciutadella y pueda entrar en funcionamiento la desaladora.
«No es una cuestión de dinero, ya que todavía no se sabe cuál será la solución y por lo tanto no se puede saber cuánto va a costar», argumenta Pons Vila, que a la vez reafirma «ahora y durante toda la legislatura» el compromiso del Gobierno para desencallar la situación.
Los que sí van a presentar enmiendas para que el Estado incluya una partida de entre 3,5 y 4 millones para hacer las obras de canalización son PSOE y Més, aunque la mayoría del PP vaticina que no se aprobará y que un año más la desaladora de Ciutadella volverá a quedar sin inversión.