El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente «ya tiene partidas reservadas para, en el caso de que el Consejo de Estado dé su informe favorable, rescatar las desaladoras de Santa Eulària y Ciutadella», anunció este miércoles el conseller balear de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, después de la reunión mantenida en Madrid con la ministra Isabel García Tejerina.
La intención del Gobierno es hacerse cargo de la reclamación patrimonial de las empresas concesionarias, Acciona y Tolo Pons, que pide al Ministerio que le pague los costes de la construcción y los gastos de mantenimiento de estos últimos años, en los que la instalación ha estado finalizada pero sin entrar en funcionamiento a la espera de la canalización hasta Ciutadella. Dicha reclamación, que incluye también el lucro cesante, se cifra en 16 millones de euros que, según el compromiso adquirido ahora por García Tejerina, serán asumidos por el Ministerio y no tendrán sobrecoste para Balears.
Se resolverá así el conflicto entre el Ejecutivo estatal y los concesionarios y las instalaciones de la desaladora serán entregadas al gobierno de la Comunidad Autónoma. El Ejecutivo balear tendrá que asumir la conexión de la desaladora con la red de abastecimiento de agua potable de Ciutadella, cuyo coste ronda los 4 millones de euros.
«Estas infraestructuras son vitales, este año estamos en una sequía en Eivissa, meteorológica y de acuíferos, y poder disponer de la desaladora el año que viene sería clave para nosotros», declaró Vicenç Vidal tras el encuentro, al que acudió acompañado por el presidente del Consell de Eivissa, Vicent Torres.
Con este preacuerdo el Govern no tendría que repercutir la desviación presupuestaria de las obras sobre la tarifa del agua, otro de los puntos de conflicto, ya que el Ayuntamiento de Ciutadella siempre se ha mostrado contrario a pagar más por el abastecimiento y que se duplique el recibo para los usuarios.
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