El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach reapareció este miércoles en Ciutadella cinco meses y medio después de haber puesto en marcha la «Operación Pomada», que investiga sendos delitos de prevaricación y malversación por el caso Nerer, y con la acusación del caso Citur («Operación Xoriguer») todavía por formular tras casi cuatro años y medio de instrucción, al haber incumplido todos los plazos marcados por la juez.
La presencia del fiscal no pasó desapercibida en el Juzgado, en cuyas inmediaciones se le vio entrar y salir en diversas ocasiones hasta que, pasada la una, recorrió el trayecto que le separa de la Plaça des Born y, tras un breve encuentro en el bar del Cercle Artístic, regresó al Juzgado. Una hora después, fue visto en el interior de un vehículo de la Policía Judicial de la Guardia Civil.
El motivo de su presencia en Ciutadella no ha trascendido, aunque fuentes consultadas por este diario la vinculan a las dos operaciones contra la presunta corrupción política del gobierno del exalcalde Llorenç Brondo y algunos entramados empresariales que aún tiene en marcha en el municipio y que permanecen inconclusas.
Horrach habría aprovechado su estancia para avanzar en la contestación a los recursos de los abogados defensores de los 14 imputados en el caso Citur, un trámite que debería haber cumplimentado antes de mediados de julio pero que ha tenido que demorar todos estos meses «por el número, volumen y complejidad de los asuntos que tramita».
Según estas mismas fuentes, también habría realizado nuevas diligencias vinculadas al caso Nerer, la presunta trama que empezó a investigar el 28 de abril, cuando irrumpió de nuevo en Ciutadella para probar los presuntos amaños urbanísticos que, alentados desde el Ayuntamiento, contaron con la implicación de diversas sociedades administradas por los mismos empresarios, a los que ya se tomó declaración ese día. También se llevaron a cabo registros en sus respectivas oficinas.
Cesgarden
La actuación ayer de Pedro Horrach se limitó a Ciutadella. El fiscal no mantuvo contacto alguno en el Consell, pese a que una reciente sentencia judicial del Tribunal Superior avala la posibilidad de invocar la revisión extraordinaria de la sentencia que le obliga a pagar 28,8 millones de euros a la promotora, al haber tenido en cuenta ahora el mismo magistrado parte de las conclusiones de la investigación llevada a cabo por Anticorrupción.