La ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha remitido al Consejo de Estado diversos expedientes de Balears, entre ellos el relativo a la desaladora de Ciutadella, para que «de aquí a final de año» decida si asume el sobrecoste pertinente para desbloquear la infraestructura y que asciende a 16 millones de euros.
Portavoces autorizados de Medio Ambiente recalcan que esta es «la voluntad de la ministra» para así «avanzar en la resolución de los expedientes de extinción de los contratos de ejecución de las desaladoras de las Islas». Pero ahora el Ministerio «está a lo que diga el Consejo de Estado, el supremo órgano consultivo del Gobierno cuyos informes son preceptivos». Así que, aclaran estas mismas fuentes, se hará lo que este organismo formado por expresidentes, exministros y destacados juristas determine al respecto.
Con esta respuesta, el Gobierno central reafirma sus intenciones después de que el exconseller balear Gabriel Company haya cuestionado estas últimas semanas el compromiso contraído por la ministra García Tejerina en base a lo manifestado por su secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, quien 24 horas después de la reunión con los nuevos representantes de Medi Ambient del Govern, balear negó que en esta cita se hubiera «acordado nada».
El propio conseller Vicenç Vidal llamó la atención la semana pasada en el Parlament sobre el hecho de que el Estado asuma este contromiso justo en periodo preelectoral, pero lo defendió frente a las dudas suscitadas por su antecesor en el cargo, el popular Gabriel Company.
Una vez se haya pagado el sobrecoste, la desaladora de Ciutadella todavía precisará que el Govern costee los 4 millones de su conexión con el casco urbano para que, por fin, pueda ponerse en marcha.