«La tarifa única y universal es jurídica y legalmente viable». Así de contundentes se pronunciaron ayer los diputados Manel Martí (Més per Menorca), Damià Borràs (PSOE) y Montserrat Seijas (Podem) que comparecieron conjuntamente para anunciar una proposición no de ley que defenderán en el Parlament para reclamar esta tarifa plana para todos.
Martí fue claro al aseverar que, «ante las dudas» que se han lanzado respecto a la legalidad de la propuesta, «el Govern tiene el aval jurídico del Ministerio de Fomento de que se trata de una iniciativa viable». El nacionalista se refiere a las declaraciones emitidas por el exdirector de Puertos y Aeropuertos del Govern, Antoni Deudero, quien manifestó que la propuesta de destinar a esta tarifa universal la partida que ahora se dedica al descuento de residente vulnera claramente la normativa tanto comunitaria como española.
A la viabilidad legal, Martí añade la económica. Un estudio encargado por el Consell establece que la tarifa plana universal de un máximo de 30 euros por trayecto entre los vuelos interislas supondría a la administración un desembolso adicional de 3,5 millones al año respecto a la partida que en estos momentos dedica en concepto de descuento de residente.
El Gobierno ha reservado en los presupuestos de 2016 un total de 82,1 millones para sufragar la bonificación para el descuento de residente de los isleños, tanto en los vuelos interislas como con la Península.
Martí indica que estos 3,5 millones son «pocos recursos» si los comparamos con las cantidades que el Estado dedica a otras OSP (605 millones de euros a las líneas de servicio público ferroviario cuando a las OSP de Canarias y de Menorca con Madrid se dedican 4,3 millones de euros) o a inversiones ferroviarias (con 5.460 millones de euros).
Los partidos Més per Menorca, Més per Mallorca, PSOE, Podem y Gent per Formentera han dado registro de entrada a una proposición no de ley para exigir a Fomento una declaración de OSP en las rutas aéreas entre los aeropuertos de las islas en base a una tarifa única y universal de un máximo de 30 euros por trayecto. La propuesta pretende lograr «un cambio de modelo», agrega Martí, quien indica que el sistema actual no funciona. La diputada de Podem, Montserrat Seijas, argumentó que «las conexiones aéreas son nuestras carreteras y líneas ferroviarias», de ahí la necesidad de llevar las reivindicaciones ciudadanas al Parlament. El diputado socialista Damià Borràs indicaba que la iniciativa pretende garantizar y satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos.