La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que anula la sanción impuesta por el Ayuntamiento de Alaior a la secretaria municipal ha dado mucho de que hablar tanto entre el equipo de gobierno como entre el grupo de la oposición, por motivos bien dispares. Los unos acatan pero «no comparten la sentencia». Los otros consideran que la Justicia ha dado carpetazo al «acoso y derribo» del Ayuntamiento contra la secretaria.
El equipo de gobierno popular «respeta y acata» la sentencia pero «no comparte en absoluto el criterio que la inspira» y recuerda que la sanción impuesta era la más benévola al «considerar que lo adecuado era ratificar la propuesta que había realizado el instructor de la Conselleria» a pesar de «tener informes independientes que exponían que la infracción podría ser sancionada por un período superior de tiempo». Los populares lamentan que el instructor considerara probadas ciertas cuestiones que ahora «el Juzgado no ha tenido en cuenta».
El gobierno que dirige Misericordia Sugrañes asevera en una nota que «no nos vale la idea de que no se tenía que actuar» ni el hecho de que se trate de «una persecución política». Considera «lógico y conveniente que si existen indicios de infracciones, se investiguen». Se ampara, asimismo, en l hecho de tratarse de una estimación parcial de la sentencia que «por un lado, anula la sanción y, por otro, desestima la petición de indemnización por daños y perjuicios en la esfera ética y profesional». Los populares indican que este fallo demuestra que «la jueza no ha visto mala fe por parte de la secretaria, pero tampoco por parte nuestra». Y agrega que la sanción se debió a una conducta que consideraron «anómala y constitutiva de infracción».
Por su parte el grupo de la oposición, Junts per Lô, exige al PP unas disculpas públicas después de que «una decisión personal de la alcaldesa haya tenido un mal final» y que «además, ha costado dinero a las arcas municipales». El partido considera que el Ayuntamiento debe limpiar la imagen de esta persona con un posicionamiento público. Ve, asimismo, una «intención de acoso y derribo» contra la secretaria, una funcionaria «que lleva más de 30 años de labor imparcial y que la Justicia así lo ha demostrado».
Además, Junts per Lô cree que el equipo de gobierno busca evitar el debate y la confrontación con la oposición y los ciudadanos sobre este tema, puesto que, tal como explica, la sentencia llega el día 9 de octubre y el Ayuntamiento no le da registro de entrada hasta el 20 (tampoco quiso el PP facilitarla cuando la solicitó este diario). Al tener que pasar diez días para que se tramite vía pleno, el fallo tan solo se notificará por correspondencia mañana y se resolverá por decreto de alcaldía.