El Consorcio encargado de velar por la legalidad en suelo rústico en siete de los ocho municipios de la Isla apenas recaudó el año pasado un total de 12.633 euros en multas por infracciones urbanísticas. Se trata de apenas un 5,4 por ciento de los cerca de 232.000 euros que tenía previsto el ente ingresar en sanciones en los presupuestos de ese año. Así lo recoge la liquidación de las cuentas del ente del ejercicio 2014, aprobada ayer en la primera Junta de Gobierno del Consorcio celebrada este mandato.
El conseller insular de Ordenación del Territorio y presidente del Consorcio, Santiago Florit asegura desconocer las causas que llevaron al ente mancomunado a recaudar tan poco dinero en multas. Pese a no querer entrar «en lo que sucedió en el pasado», y más centrado en que «a partir de ahora el Consorcio haga bien su trabajo», si que reconoce que tiene «algunas sospechas». En este sentido, lamenta que en el anterior mandato, con el gobierno del PP, hubiera «esta laxitud tan grande» e incluso habla de «dejadez» en la lucha contra las infracciones urbanísticas en suelo rústico.
Por ello, Florit anuncia que el nuevo equipo de gobierno quiere acabar con esta «laxitud» practicada por el PP en el pasado mandato y apuesta por recuperar la principal función del Consorcio, «la de mantener la legalidad» urbanística en suelo rústico.
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