El GOB considera que en los últimos años el organismo encargado de velar por la legalidad en suelo rústico ha estado «inactivo». La reacción se produce después de conocer que durante el 2014 recaudó el 5 por ciento de lo que había previsto (12.633 euros en multas).
Desde la entidad ecologista afirman que sería un buen ejercicio conocer cuantos expedientes se tramitaron durante el año pasado y cuantos restan pendientes de resolución. En este sentido, reclaman que se explique con qué apoyo administrativo ha contado el organismo los últimos años.
Manifiestan que la disciplina urbanística es clave para conservar Menorca y defienden que el mensaje que transmiten algunas leyes aprobadas en la anterior legislatura es el de «facilitar una amnistía a las edificaciones ilegales que no han pagado sus impuestos y son un foco de contaminación por falta de sistemas de depuración».
Sin embargo, sus sospechas van más allá y sentencian que «podría ser que las formas de frenar la actividad del Consorcio se hayan hecho más sutiles».