Más de un centenar de menores se encuentran en situación irregular en Menorca, tras no haber podido renovar la tarjeta de residencia por la falta de estabilidad económica de sus familias. Estos casos suceden cuando, tras una reagrupación familiar, los padres pierden el trabajo. La Ley de Extranjería establece, entre otras condiciones, que para renovar el permiso de residencia es necesario acreditar unos ingresos mínimos que garanticen el buen cuidado del menor, un hecho que el contexto económico dificulta enormemente.
Esta problemática centró gran parte del Foro de la Inmigración, celebrado ayer en la sede del Consell. El encuentro sirvió para que las diferentes administraciones y entidades presentes analizaran la cuestión y buscaran soluciones.
Según explicó la consellera de Bienestar Social, Maria Cabrisas, la situación de los menores sin papeles provoca el conflicto entre dos leyes, la Ley de Extranjería y la Ley de Protección del Menor, dejando a la interpretación de la autoridad competente la resolución de los casos. En la Isla, el organismo responsable es la Dirección Insular de la Administración General del Estado, que, tal y como lamentó Cabrisas, por el momento hace prevalecer los criterios de admisión al país a los derechos del menor. En otros lugares, en cambio, sucede todo lo contrario e impera la protección del menor.
En este sentido, Cabrisas declaró que «los menores se encuentran en una situación de desprotección, se debe revisar lo que sucede en Menorca para encontrar respuestas y sumar esfuerzos entre todos los sectores».
Precisamente, una de las medidas que su puso sobre la mesa ayer para paliar los efectos de esta situación es hacer que la protección del menor gane peso frente a las restricciones de extranjería.
Consecuencias
Los jóvenes que se encuentran en esta situación irregular no pueden obtener títulos académicos oficiales, como el de Primaria o el de la ESO, lo que les impide acceder a cualquier grado de Formación Profesional u otros estudios. Tampoco pueden viajar con la escuela ni federarse en un club para practicar deporte, entre muchas otras cosas. Además, cuando llegan a los 18 años corren el riesgo de ser expulsados y, a la hora de legalizar su situación, son considerados como recién llegados, sin ningún derecho adquirido por los años vividos en el país.
Nunca había leído tantos comentarios racistas en tan poco espacio de tiempo. Que vergüenza. En vez de preocuparnos de que ciudadanos de nuestra isla no puedan acceder a un club deportivo, no puedan viajar con el colegio o no puedan sacarse un simple titulo oficial, estamos haciendo afirmaciones rotundamente falsas que a lo único que llevan es crear crispación y manipulación de mentes. Me pone triste esta situación , la verdad.