La presidenta del Consell, Maite Salord, ha asegurado este lunes que la rescisión del contrato con la UTE que llevaba a cabo la reforma del tramo Maó-Alaior no ha sido tan solo una decisión política sino también obligada, ya que el proyecto de la obra "no se podía ejecutar".
Salord, responsable de carreteras, ha explicado que existían una serie de imprevistos y carencias "lo bastante considerables" como para obligar a replantear el proyecto, puesto que de asumirlos hubiera conllevado un sobrecoste muy significativo.
La responsabilidad de estas carencias, apuntan desde el equipo de gobierno, es compartida entre lo que contempla el proyecto inicial y las aportaciones que llevó a cabo la UTE, así como su reflejo en el proyecto refundido. La presidenta ha puesto el acento en que con algo menos del 20 por ciento de la obra ejecutada, ya que han facturado 190.000 euros de trabajos extra, lo que conlleva una proyección de sobrecoste al final de la obra muy elevado. Una vez resuelto definitivamente el contrato, el Consell se pone ahora en marcha en la redacción del nuevo proyecto que, según Salord, será muy participado, con exposiciones públicas y la opinión de los ayuntamientos.