La valoración que hace el Consell de la llegada del gas natural a la Isla es radicalmente opuesta a la del Govern. La administración insular defiende que el proyecto no cuenta con una «base real que justifique su declaración de utilidad pública y de interés autonómico». Esta postura choca de frente con los pasos llevados a cabo hasta el momento por la Comunidad Autónoma, que aprobó en su día ambos reconocimientos con el objetivo de agilizar la llegada del gas a Menorca. Sin estas dos declaraciones el proyecto se retrasaría notablemente al chocar con las normativas vigentes de protección territorial.
El gobierno del Consell ha hecho suyas muchas de las alegaciones presentadas por el GOB y las ha incluido en el informe solicitado por la Dirección General de Energía, a quien ya ha remitido el estudio. En él expone que el proyecto actual no contempla las emisiones contaminantes derivadas de las obras de canalización ni el transporte en barco y el posterior en camiones hasta las plantas de distribución. También considera excesivo el uso de suelo rústico previsto para acoger estas tres infraestructuras, que se instalarán en Maó, Mercadal y Ciutadella.
El conseller de Medio Ambiente, Javier Ares, explica que en el informe «detallamos los errores en el cálculo de contaminación» y defiende que el proyecto implica «empezar la casa por el tejado». Sostiene que «sería mejor si se conectara el gas a la central térmica de Maó, entonces reduciríamos las emisiones un 27 por ciento, cumpliríamos con el protocolo de Kioto en un día». No obstante, su apuesta es otra: «La inversión debería ser para el fomento de las energías renovables».
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