La portavoz del grupo del PP en el Ayuntamiento de Maó, Águeda Reynés ha renunciado a las dietas que tiene derecho a percibir como concejal. Reniega de las retribuciones municipales debido al sueldo público de 5.335,38 euros brutos al mes que cobra como parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
Legalmente podría seguir cobrando las dietas, ya que la legislación solo prohíbe cobrar más de un salario público, aunque no considera incompatible cobrar un salario de una administración y dietas de otra.
En concreto, Reynés renuncia a las retribuciones por asistir a las comisiones de Promoción Económica, Servicios Generales, Servicios Sociales y Urbanismo del Ayuntamiento. Cada concejal que asiste a una comisión cobra 50,27 euros por sesión.
Reynés también renuncia a las dietas por asistir a la Junta de Portavoces (243,67 euros por sesión), mientras que los 328,46 euros que percibe por acudir al pleno los donará a una entidad social del municipio.
La diputada del PP cobra 5.335,38 euros brutos mensuales, a razón de 2.813,87 euros de sueldo, una indemnización de 1.823,86 euros por no residir en Madrid y 697,65 euros mensuales por ser portavoz adjunta del PP en una comisión, en su caso la de Empleo y Seguridad Social.
Me pregunto ¿Seria legal que cobrara estas dos pagas? Creo que no. Puestos a elegir la opción está muy clara. Una opción correcta sería renunciar a uno de los cargos, evidentemente no sería el de diputada, pero si el de regidora; así su sustituto podría dedicar el tiempo necesario a las labores pertinentes