El Govern regulará el alquiler vacacional para que solo puedan arrendarse a turistas aquellas viviendas que tengan una antigüedad mínima de cinco años. Así lo ha determinado el Parlament balear a instancias del PI con el objetivo de «evitar un exceso de oferta y un impacto territorial innecesario».
Con el mismo fin, se requiere al Govern que fije una tabla de plazas máximas en función del número de habitaciones o la superficie para evitar la masificación. Se trata de no saturar el mercado implicando también a los ayuntamientos, a los que se pide que puedan definir ámbitos territoriales donde pueda llevarse a cabo esta actividad.
La iniciativa parlamentaria, defendida por el diputado Josep Melià y que recibió dos enmiendas de Ciudadanos y Més per Menorca, propone que el alquiler esté sujeto a un control administrativo mediante la comunicación previa que se exigiría ante la Conselleria de Turismo. Esta sería también la encargada de elaborar un plan de modernización que vele por la calidad del producto y las distintas categorías de vivienda que pueden alquilarse.
De igual forma, se quiere preservar este negocio inmobiliario del normal descanso de los vecinos, por lo que se tomarán las medidas oportunas para evitar que éstos puedan sufrir molestias por el hecho de residir junto a uno de estos chalés o apartamentos alquilados.
En otro acuerdo plenario alcanzado esta pasada semana, el Parlament balear también ha aprobado la proposición del Grupo Popular que compromete al Govern a redactar antes de medio año un proyecto de ley que regule las distintas modalidades de estancia turística que existen en Balears. El Ejecutivo autonómico deberá regularlas, procurando atender durante todo este proceso a lo que opinen al respecto tanto los consells como los ayuntamientos y sectores afectados.