El PP advirtió ayer de que el procedimiento al que ha recurrido el Consell para derogar la Norma Territorial Transitoria «es ilegal y podría ser objeto de impugnación». Los populares avisan que el proceso «nace viciado de nulidad radical, ya que se fundamenta en una disposición adicional que ha sido recientemente suprimida por el decreto urbanístico del Govern, por lo que esta opción no la contempla el ordenamiento jurídico de Balears».
El PP se ampara en una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia, para el que la Norma es un instrumento de ordenación territorial que solo puede ser modificado o revisado, pero no suprimido en su integridad. La Norma solo puede perder vigencia con la aprobación definitiva de la revisión del PTI que ahora se pretende poner en marcha.
«El nivel de improvisación e ignorancia del equipo de gobierno es alarmante. Y la descoordinación con el Govern más todavía», lamentó ayer el conseller Adolfo Vilafranca, quien pide a PSOE, Més y Podemos que «mantengan la Norma, se concentren en revisar el PTI y no hagan experimentos que solo provocarán indemnizaciones económicas».
En este sentido, el Grupo Popular ha pedido un informe de secretaría para que aclare las dudas legales suscitadas. Es más, denuncia el «engaño» del gobierno insular al anunciar de dará cabida a la participación para decidir si se mantienen algunos artículos de la Norma cuando la memoria del acuerdo y el informe de la UIB que lo acompaña «no plantean ningún diseño reformado de la normativa territorial», sino que su objeto es «poner fin a su vigencia».
El PP insiste en que, tal como se plantea el expediente, resulta imposible aprobar una derogación parcial de la Norma. «No conviene engañar a la opinión pública ni esforzarse en hacer propuestas que no van a prosperar», reclama Vilafranca, para quien urge «no generar más confusión ni inseguridad jurídica cuando lo que de verdad pretenden es derogar totalmente la Norma y devolver plenamente la vigencia al PTI de 2003».