El impuesto de turismo sostenible entrará en vigor el 1 de julio, un mes después de lo previsto en el texto inicial, y no servirá para financiar equipamientos hospitalarios o sociosanitarios, es decir, residencias donde se atiende, entre otras cuestiones, la dependencia.
Dejar fuera de la ecotasa -un impuesto de finalidad turística y medioambiental- la financiación de residencias sociosanitarias era uno de los principales campos de batalla de Podemos, que interpretaba que estas cuestiones deben resolverse con una correcta financiación de la renta básica y de las políticas sociales, un área del Govern que gestiona Més.
Podemos, PP, PI y Gent per Formentera unieron sus votos para tumbar la propuesta. Més ha decidido mantenerla como «voto particular» para cuando el impuesto se debata en el pleno, previsiblemente la próxima semana. Sólo PSIB y Més votaron a favor de dejarlo igual. La diputada Laura Camargo dijo que quiere ayudar a la consellera Fina Santiago a buscar dinero para esas infraestructuras, pero critica que se destinen fondos «para la facultad de Medicina que no es una prioriad, mientras faltan para las residencias».
Reparto territorial
El segundo punto de divergencia entre los partidos que forman el Govern y Podemos era el porcentaje de territorialización. El grupo morado comenzó las negociaciones en el 90% de reparto por islas y el 10 para proyectos globales. En la primera negociación había cedido hasta el 70%. El proyecto de ley incorpora finalmente una propuesta de reparto territorial entre Islas, del 60% de la recaudación. El 40 restante se gestionará directamente desde el Ejecutivo, aunque contando con una comisión de proyectos.
Més ha encajado el golpe aunque, en privado, ha expresado su malestar. De hecho, la relación entre los morados y los ecosoberanistas es bastante tensa.
En el dictamen que este martes por la tarde quedó aprobado en la comisión de Hacienda y Presupuestos se recoge que parte de la financiación se destinará a fomentar la contratación laboral en los establecimientos hoteleros para fomentar y avanzar hacia un «turismo sostenible».
La mayoría de propuestas -con la excepción de la referida a la exclusión de la residencias sociales- habían sido pactadas, entre ellas, la entrada en vigor.