Menorca aparece en los «papeles de Panamá», del despacho Mossack Fonseca. La Fundació Rubió utilizó una sociedad instrumental creada por esta empresa, Glen Walley Industries Corporation, entre 1995 y 2004, cuando traspasó todos sus fondos en Suiza, unos 7,7 millones de euros, a cuentas propias. Esta relación se ha conocido ahora porque el director de cine Pedro Almodóvar también fue propietario de la misma sociedad hasta un año antes. Una curiosa coincidencia que se explica por la forma en que se utilizan este tipo de sociedades instrumentales.
Fernando Rubió falleció en 1994. Disponía de una cuenta en Banque Paribas de Ginebra que pasó a manos de la Fundació que había creado. En 1995, José Antonio Matjí, tesorero de la entidad, y su gerente, Hipólito Mercadal, asesorados por abogados, organizaron una estructura similar a la que existía para la gestión de los fondos. Mercadal ha explicado que se hizo así para «evitar cualquier tipo de problema». Todo el dinero se ingresó en una cuenta del Hong Kong and Shangai Bank Corporation (HSBC), también en Ginebra. Entonces se creó otra fundación Porto Magonis y, según explica quien era gerente de la Fundació en ese momento, fue el banco quien les propuso tomar el control como accionistas de la sociedad Glen Walley, con sede en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes. Asegura que nunca se tuvo conocimiento de la relación con el despacho de abogados Mossack Fonseca, hasta que empezaron a salir los «papeles de Panamá».
Ya era conocido que la Fundació Rubió había utilizado la sociedad Glen Walley. En noviembre de 2002 la hija del fundador, Mercè Rubió, presentó una demanda contra Matjí y Mercadal. La magistrada Teresa Palacios mandó una comisión rogatoria a Ginebra que constató la existencia de otra fundación y la sociedad interpuesta. La primera sentencia del juez Grande Marlaska desestimó la demanda. De hecho, la gestión de los fondos ha sido revisada en dos auditorías y en una inspección de Hacienda, que resolvió que la repatriación de los fondos en 2009 se hizo de forma correcta, aunque impuso el pago de una sanción y de una declaración complementaria, unos 300.000 euros en total, por la falta de justificación de un uso cultural y social de la finca Mongofra.
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