La Guardia Civil revisa documentos en Alaior de obras de la época del PSOE

Agentes de la policía judicial de la Guardia Civil permanecieron el pasado miércoles durante siete horas en el Ayuntamiento de Alaior revisando la documentación correspondiente a 17 expedientes de obras realizadas entre los años 2005 y 2010 bajo el mandato del gobierno socialista del municipio que presidieron Antoni Gómez y Pau Morlà durante ese periodo.

Los tres guardias civiles, que actuaron con suma discreción hasta el punto que su presencia pasó prácticamente inadvertida,  se presentaron ante la alcaldesa, sorprendida, con la orden del juzgado número 3 de Maó y solicitaron la presencia de la secretaria y el interventor para poder acceder a los documentos que buscaban. Tras siete horas de trabajo abandonaron el Ayuntamiento llevando consigo parte de esta documentación para analizarla con más detalle en el propio juzgado con la fiscal designada, Juliana Buencuerpo. La investigación más reciente de la policía judicial de la Guardia Civil arranca del acuerdo plenario adoptado por la corporación alaiorense, ya presidida por Misericordia Sugrañes, el 12 de septiembre de 2012. El equipo de gobierno, tras ganar las elecciones municipales en 2011, detectó facturas no contabilizadas y contratos dudosos relativos a varias obras realizadas en diversos lugares de la población en los dos mandatos anteriores. El pleno aprobó instar al Parlament balear a que pidiera a la Sindicatura de Comptes, institución dedicada al control externo de la gestión economicofinanciera del sector público de Balears, que analizase la documentación en la que se habían hallado las presuntas anomalías para que emitiese un informe al respecto. Dos años y medio después, con fecha 9 de marzo de 2015, el Ayuntamiento recibía el resultado del trabajo elaborado por la Sindicatura, en el que, efectivamente, se reconocían diversas irregularidades en la documentación analizada respecto a los 17 expedientes de las obras llevadas a cabo en el término municipal. El informe incluía las alegaciones presentadas por los máximos responsables del anterior equipo socialista al frente del Ayuntamiento. El  gobierno actual evaluó el informe recibido pero decidió aparcarlo al considerar que las irregularidades no revestían un carácter penal como para denunciarlo ante la Fiscalía. De ahí la sorpresa que invadió a los miembros del grupo popular cuando el miércoles recibieron la visita de los agentes de la policía judicial. Según el procedimiento habitual, la fiscalía del Tribunal de Cuentas, órgano superior a la Sindicatura, habrá considerado que el informe incluye irregularidades que podrían ser constitutivas de algún delito, de ahí que haya ordenado la investigación abierta a través de la Fiscalía insular, y ésta la derivara al  juzgado número 3 de Maó que lleva la instrucción. Misericordia Sugrañes, actual alcaldesa, en una imagen de archivo, durante un pleno en el que interviene el alcalde anterior, Pau Morlà.