Un pleno extraordinario con solo dos puntos en el orden del día y un único objetivo: rebatir la querella presentada por el portavoz del PP de Es Migjorn, Ramón Verdú, contra el alcalde Pere Moll y la concejal Elena Baquero, que les acusa de un delito de prevaricación por las obras en unos apartamentos de Sant Tomàs, por parte de la empresa del marido de la diputada.
El pleno se inició a las 20 horas de este miércoles, con la presencia de los seis concejales del PSOE, ya que los tres ediles del PP decidieron ausentarse. Primero se aprobó la urgencia del pleno y acto seguido se leyó la propuesta de acuerdo presentada por el PSOE donde se pedía al PP que «rectifique su postura» y le emplazaba a «defender sus posicionamientos, no en los juzgados, sino dentro de los órganos municipales», y «evitar la judicialización de la vida política». Como era de esperar la propuesta salió adelante con los votos del PSOE, y debido a la ausencia del PP, fue aprobada por unanimidad.
El alcalde Pere Moll tomó la palabra para desmentir las irregularidades denunciadas. Aseguró que la licencia se concedió con todos los informes favorables y calificó de «disparate» que se afirme que se concedió antes de entrar el proyecto. Este se registró el 5 de octubre de 2012, se informó favorablemente el 9 de octubre y un día después se concedió la licencia. También aclaró que los permisos fueron para 18 apartamentos (y no 9), reconoció que hubo una inspección donde se detectaron obras ilegales, y que después de ello la promotora solicitó ampliar la licencia para acabar reformando 82 (y no 91) apartamentos. También aseguró que la apertura del expediente sancionador no se retrasó cerca de dos años, sino «cuatro meses» y defendió la cuantía de la multa, que el PP tilda de «reducida».
Por su parte, Elena Baquero aseguró que «no hay ningún hecho que me implique», afirmó que «no estamos aquí para hacer favores» y que «ser la mujer de un empresario no es un delito».
Lo que más se oyó en el pleno de anoche fueron reproches al PP, por parte de los cinco de los seis ediles socialistas que tomaron la palabra. El alcalde consideró su ausencia «una falta de respeto al pueblo» y lamentó que «cada vez que el PP está en la oposición pasen este tipo de situaciones desagradables». También recordó a los populares que «lo que fueron reducidas y en perjuicio de las arcas municipales» fueron las sanciones que les impusieron a Verdú y a su número tres por obras ilegales. A Verdú, «se le impuso una multa de 70.000 euros, cuando lo que tenía que pagar era 140.000 euros», y el otro edil Miguel Camps «pagó 56.000 en lugar de los 103.000», gracias al anterior alcalde del PP.
Ello sirvió para el resto de concejales del equipo de gobierno para pedir a los concejales del PP que «no den lecciones», cuando «se han pasado por el forro» la disciplina urbanística.
También reprocharon al PP que se dedique «a filtra informaciones falsas para alarmar a los ciudadanos» y acabe «cuestionando la profesionalidad de los técnicos del Ayuntamiento», con el objetivo de «eliminar al alcalde y a Elena de la vida política; lo que no consiguieron en las urnas, quieren lograrlo en los juzgados», sentenció la portavoz del PSOE, Anna Britt Sánchez.