La Plataforma Antidesahucios de Menorca (PAH) pide al Colegio de Abogados y las administraciones de la Isla que velen por garantizar la debida asistencia jurídica a los 'okupas' que habitan pisos deshabitados de la banca o la Sareb.
Al ser denunciados de un presunto delito de usurpación, no es preceptivo ni obligatorio que reciban la asistencia de un letrado, de tal forma que los abogados «se niegan sistemáticamente a brindarles justicia gratuita», que «sorprendentemente» tampoco los jueces tutelan, sumiendo así a los ocupantes ilegales de estos inmuebles en «una absoluta indefensión».
El colectivo reclama que se siga el ejemplo de los colegios profesionales de Cataluña, Madrid y Valencia, que sí asignan abogados de oficio a los 'okupas', y solicitan que el Consell y los ayuntamientos se sumen también a esta petición, facilitando de paso a los afectados que puedan empadronarse en estas casas que, pese a no ser de su propiedad, se convierten temporalmente en su domicilio habitual.
La PAH ha creado una comisión de Obra Social para dar respuesta a estos casos, cada vez más frecuentes, de personas que ocupan pisos al carecer de otra vivienda alternativa por falta de recursos. Si han agotado antes todas las demandas de vivienda social ante la Administración, la Plataforma les da «apoyo emocional» y les asesora legalmente para que puedan regularizar su situación negociando el alquiler con el banco titular del edificio.
El problema viene cuando, como está sucediendo en Menorca, se decreta de forma cautelar el desalojo de esa vivienda y se deja a los 'okupas' «en clara indefensión. Son personas sin ninguna otra alternativa habitacional a las que la Administración tampoco les facilita un lugar en el que vivir. Eso les obliga a ocupar inmuebles propiedad de los bancos que, en su mayoría, llevan años abandonados y en unas condiciones lamentables» que reducen considerablemente su valor en el mercado local. Muchos carecen hasta de servicios tan elementales como la luz y el agua.