El pliego de condiciones del contrato con la nueva gestora de Milà incluía la ampliación de los tipos de subproductos animales no destinados al consumo humano que debían incinerarse. Una modificación que dispara los costes notablemente, pasando de los 36,94 euros por tonelada que se pagaban hasta ahora por incinerar a los 821, 57 euros por tonelada que se facturan desde hace un mes. El coste se ha multiplicado por 22.
Ante esta situación «inasumible y repentina», el conseller de Medio Ambiente y presidente del Consorci de Residus, Javier Ares, contempla «todas las alternativas legales y económicamente viables» para tratar de evitar unos sobrecostes que «afectarán a toda la sociedad», puesto que hay riesgo de que repercutan especialmente a los ganaderos pero tambien a los clientes finales.
El Consell es consciente de la situación desde el día que asumieron el cargo, el 4 de julio de 2015. Dos días antes se abrieron los sobres para adjudicar el contrato a la nueva gestora. Desde ese momento se han llevado a cabo numerosas reuniones con los ayuntamientos y el Govern para buscar soluciones y alternativas. Lo primero fue solicitar que este incremento no se aplicara de manera inmediata, una propuesta que ha contando con la colaboración de la concesionaria hasta ahora que ha decidido implantarla tal y como consta en el contrato. «Lógicamente no lo compartimos, pero tienen todo el derecho», reconoce Ares.
Alternativas
El objetivo a medio plazo es adqurir un biodigestor «para sacarle un recurso energético», avanza Ares. Se trata de un contenedor cerrado y hermético en el que se vierte el material orgánico, en este caso residuos animales no aptos para el consumo, y se inicia un proceso de fermentación en el que se obtiene gas metano y fertilizantes organicos. Actualmente están en proceso de búsqueda de financiación y de una ubicación para este nuevo proyecto.
No obstante, no cierran la puerta a otras soluciones. Entre ellas la de exportar estos residuos fuera de la Isla, tal y como hace Canarias, asegura el conseller. «Los datos que manejamos ahora indican que es más económico enviarlos fuera que incinerarlos aquí».
El conseller denuncia que esta situación es tan solo una más de las que se han encontrado al entrar a gobernar. «El plan director está caducado desde el 2012 y Milà se encuentra en situación irregular desde 2009».