El fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach en su escrito de acusación acusa a los imputados del caso Citur de amañar hasta 29 contratos del Ayuntamiento de Ciutadella por un importe de 522.000 euros.
Se trata de adjudicaciones realizadas por el ente turístico de Ciutadella entre los años 2005 y 2008, bajo el gobierno del entonces alcalde del PP, Llorenç Brondo.
Horrach pide 139 años de prisión para los 13 imputados en la causa, entre cargos públicos, empresarios, funcionarios y asesores municipales, además de solicitar el reingreso del dinero supuestamente defraudado. Solicita una pena de hasta 15 años de cárcel para el exalcalde y otros tantos para el concejal de Turismo, Gabriel Cardona y el de Urbanismo, Avel·lí Casasnovas, y que indemnicen al Ayuntamiento con 98.000 euros los dos primeros y con 70.000 euros el tercero.
Además pide nueve años de prisión para la exteniente de alcalde, Antònia Salord y la concejal de Hacienda, Antònia Gener, y el pago de 27.800 euros cada una para indemnizar al Consistorio.
Los principales beneficiarios de estos contratos fueron por un lado la empresa SAB, cuyo propietario era Javier Liy Lozano, que además ostentaba la gerencia del Plan de Dinamización del Producto Turístico (PDPT) de Ciutadella. Y por el otro el empresario local Manel Mercadal, administrador de las empresas Neo Menorca, Serprosport y Menorca Assistència. El fiscal solicita penas de 9 y 6 años de prisión respectivamente. En el caso de la empresa SAB fue beneficiaria, directamente o indirectamente, con 21 contratos, valorados en 383.400 euros. Por su parte las empresas de Manel Mercadal fueron agraciadas con 8 contratos presuntamente irregulares, por un importe de unos 136.600 euros.
El importe de los contratos oscilaban entre 3.500 y 48.000 euros. Principalmente eran redacciones de proyectos ejecutivos para hacer mejoras en las urbanizaciones, productos y estudios de promoción y gestión turística, la organización de eventos o la contratación de la gerencia de Plan de Dinamización.
Horrach detalla numerosas irregularidades, que supusieron una «vulneración reiterada y flagrante» de las exigencias legales. Afirma que los contratos eran pactados verbalmente con los empresarios citados, y posteriormente se ideaban «diversas fórmulas» para sortear la legalidad y «amañar los procedimientos administrativos de contratación». Contratos fraccionados, convocados sin publicidad y concurrencia, y a posteriori simulando que ha seguido el procedimiento legal, con la presentación «ficticia» de otros dos presupuestos, en muchos casos de empresas de los propios imputados.
Y suma y sigue. Manipulación de los expedientes o el borrado informático de las fechas en los decretos de adjudicación, para que no quedara evidencia de que se habían facturado incluso antes de su adjudicación formal; pagos elevados de honorarios a un ingeniero de SAB para sufragar proyectos ejecutivos, en algunos casos un 900 por ciento superior a lo recomendado por el Colegio Oficial de Ingenieros; servicios facturados dos veces; pagos por servicios y estudios no realizados o innecesarios, o bien con precios muy superiores a los de mercado.
Para Horrach son prácticas impulsadas por el exalcalde y sus cuatro exconcejales para «soslayar conscientemente y deliberadamente» la legalidad y «dotar de opacidad dicho proceder». Se trata de «decisiones arbitrarias, adoptadas mediante el ejercicio abusivo de poder» y apunta que «cuya finalidad era únicamente beneficiar a una determinada entidad, al margen de cualquier consideración de utilidad o necesidad pública».
Para llevar a cabo todas estas operaciones «se valieron» de cinco funcionarios y asesores municipales, entre ellos dos secretarios y el asesor jurídico del Ayuntamiento, que «omitieron deliberada y conscientemente el ejercicio de las funciones asignadas para velar y garantizar el cumplimiento de la legalidad».
En total, a los acusados el fiscal Anticorrupción les imputa hasta seis delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, infidelidad en la custodia de documentos, falsedad documental y falsedad documental cometida por funcionarios público.