La propuesta de resolución sobre los daños causados en el yacimiento de So na Parets Vives de Ciutadella establece una sanción de 350.686,90 euros, una cuantía que, en palabras del conseller Miquel Maria, "pretende ser ejemplar contra las actuaciones sin autorización en bienes catalogados". Los sancionados son la propiedad y la promotora de las obras, 133.000 euros cada una, y el arquitecto, 83.917.
La decisión se adopta después de que el informe del Consell Consultiu de les Illes Balears haya dictaminado que el recurso extraordinario de revisión, que se basaba en un informe jurídico externo al Consell, "debe ser desestimado íntegramente".
La Comisión Técnica Asesora de Patrimonio Histórico ha dictaminado este lunes a favor de la resolución basada en el informe de los servicios jurídicos del Consell Insular de Menorca, que concluye con la desestimación del recurso extraordinario de revisión interpuesto por los sancionados y la ratificación de las sanciones impuestas en 2013. El conseller Miquel Àngel MAria ha subrayado que se trata de la multa por lesiones al patrimonio más alta que se ha puesto nunca en Menorca. "Es una sanción ejemplar y queremos que sea interpretada de este modo por los ciudadanos", ha manifestado. "El Consell de Menorca tiene la obligación de hacer cumplir las leyes, velar por la protección efectiva del patrimonio y sancionar a las infractores cuando se produzca cualquier tipo de daño", ha señalado Maria, quien ha considerado que la actuación del anterior equipo de gobierno del PP en este caso fue "extraña". "Sin ningún motivo, la administración insular encargó y pagó un informe a un jurista externo que avalaba la tesis de los sancionados, cuando todos los informes de los servicios jurídicos del Consell de Menorca eran claros en sentido contrario", ha advertido. "Es una actuación que no se entiende", salvo que lo que se pretendía era dar "marcha atrás y evitar que los presuntos infractores fueran efectivamente sancionados", ha incidido. El informe encargado por el nuevo equipo de gobierno a los juristas de la institución insular fue enviado al Consell Consultivo de Balears, que el pasado 19 de octubre dio la razón al planteamiento de desestimación del recurso extraordinario de revisión y confirma las sanciones impuestas por el Consell de Menorca en 2013.