Los autores de construcciones ilegales en suelo rústico sobre los que pese una orden firme de demolición tendrán que hacer frente a grandes multas si no la ejecutan. El Consorcio para la Protección de la Legalidad en Suelo Rústico de Menorca anunció ayer el inicio de una campaña de multas coercitivas que pueden alcanzar hasta el 120 por ciento del coste de la obra ilegal.
Los infractores recibirán un requerimiento del órgano de legalidad urbanística en rústico en el que se les advierte de que, en virtud de mecanismo administrativo abierto por la Ley del Suelo de 2014, se les impondrá una sanción del diez por ciento del valor de las obras objeto de expediente de demolición, una cantidad que en ningún caso bajará de 600 euros y que se repetirá hasta en doce mensualidades hasta que se lleve a cabo el derribo.
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