El informe de la cuenta general del Consell elaborado por la Sindicatura de Cuentas de Balears cuestiona las aportaciones que realiza el Ejecutivo insular al Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico de Menorca dirigidas a cubrir los gastos que no quedan cubiertos con sus ingresos. El documento de fiscalización apunta que la cantidad inyectada hasta 2014 alcanzaba los 1,3 millones de euros, una partida que en la actualidad ya se ha elevado a 1,5 millones. El Consell tiene derecho a que se le devuelva cuando los ingresos superen los gastos, tal como lo contempla el convenio rubricado. No obstante, el informe considera que esta elevada cuantía a la que deberá hacer frente junto con la evolución de los resultados de la entidad hacen pensar que «el retorno del depósito presente un elevado grado de incertidumbre».
La explicación es clara, el Consorcio acumula desde su creación en 2005 y hasta el cierre del año pasado un total de 733.600 euros en multas pendientes de cobrar y casi la mitad no prevé ingresarlas. El ente de legalidad urbanística en rústico ha cobrado solo un 5 por ciento de las sanciones impuestas desde su creación.
El informe hecho público ayer relativo a 2014 advierte de que el Consorcio era la única de las diez entidades dependiente del Consell con números negativos en sus fondos propios, que alcanzaban el millón de euros. Esta situación no es nueva para la entidad ya que, tal como contempla la Sindicatura, ocurrió lo mismo en los dos años anteriores. El Ejecutivo insular inyectó 212.000 euros para cubrir los gastos a los que el Consorcio no pudo hacer frente.
El Consell ha alegado sobre esta excepción que apunta la Sindicatura. Considera que «es irrelevante si consideramos que este Consorcio es dependiente del Consell y en la consolidación correspondiente esta operación se ajustará». No obstante, indica que para 2016 se intentará analizar si el depósito es la fórmula que mejor refleja el carácter de las transferencias del Consell a este Consorcio.
Por otra parte, cabe indicar que el Consell aportó en 2014 a sus diez entidades dependientes un total de 7,7 millones de euros. La Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca fue a la que mayor cuantía se le inyectó con 2,5 millones de euros.