Menorca recauda más de ocho millones de euros al año del canon de agua y saneamiento. En concreto, la mayor parte de esta cuantía, 6,3 millones de euros, los colectan los ayuntamientos a través de su servicio municipal del agua. Hay cerca de 2 millones más (cifra aproximada y por confirmar) que proceden de empresas privadas, encargadas de realizar el suministro. Funcionan de forma completamente ajena al servicio municipal. Actúan, por ejemplo, en Son Xoriguer, Castellosa, Cala Blanca y Son Parc, entre otros, y que a diferencia de la gestión municipal, son propietarias de las infraestructuras.
La junta de alcaldes celebrada ayer para abordar de forma exclusiva el tema de los recursos hídricos, contó con la asistencia de la directora general del ramo en el Govern, Joana Maria Garau, para trasladarle todas las dudas y circunstancias que preocupan tanto a ayuntamientos como a Consell en esta materia.
Entre muchos otros temas que se trataron, el conseller de Medio Ambiente, Javier Ares, presentó un estudio sobre esta recaudación, con el fin de trasladar al Govern la necesidad de que exista un retorno equitativo que se corresponda con el esfuerzo que realizan los ciudadanos. Ares indica que en base a estos números «no hay un retorno del pago en infraestructuras hídricas, que están fatal» en la Isla, por lo que «pedimos que nos informen en qué se utilizan» porque «cuesta explicar a los residentes que se pague tanto» y después no se invierta igual. La situación se topa con el hecho de que el cobro del canon lo gestiona el departamento de Hacienda cuando las inversiones proceden de Recursos Hídricos, quienes desconocen los datos pormenorizados de los ayuntamientos.
Garau recogió la petición. Informó que se está trabajando para disponer de estos datos. Ares indica que, además de las inversiones de calado insular y de urgencia que cabe abordar también cabría que el Govern valorara la recaudación por municipios para ser coherentes a la hora de abordar mejoras.
La recaudación prevista por el Govern para 2017 en este concepto a nivel balear alcanza los 87 millones de euros.