La Inspección de Hacienda sobre las cuentas de la Fundació Rubió i Tudurí ha determinado que la situación tributaria declarada por la entidad, en concepto del Impuesto sobre Sociedades de los años 2011 y 2012 y en relación a sus bienes y derechos en el extranjero es correcta, y se da por finalizada la comprobación de los elementos y circunstancias determinantes de la exigencia de dicho tributo. Así lo han dado a conocer el mediodía de este martes el presidente de la Fundació, Albert Moragues, y el vicepresidente Jesús Barber, a los medios informativos en un encuentro en la Biblioteca que la fundación sostiene en el Claustre del Carme de Maó.
Moragues ha aprovechado para reclamar al Protectorado de Fundaciones del Govern balear que tome ya una decisión respecto a la validez o no del contrato de alquiler firmado en junio del año pasado con la sociedad Mongofre World Heritage, de titularidad del empresario francés de origen rumano Dimitri Sturdza. El presidente de la Fundació ha sido muy crítico con la actuación del Govern en este proceso, por la lenta tramitación y la cantidad de requerimientos recibidos, un total de siete en apenas diez meses, los transcurridos desde que se firmó el alquiler de la finca, sede de la fundación, con Sturdza. Moragues asegura que están "enganchados en un bucle, espero que solo normativo y no político" y realiza un "ruego público a la Administración autonómica para que cierre ya el asunto" porque la falta de respuesta "afecta también a los planes del arrendatario" respecto a las inversiones y actividades culturales que tenía proyectadas llevar a cabo en la finca de Mongofra.