La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Balears ha rechazado el recurso presentado por Autoridad Portuaria de Balears contra la decisión del Ayuntamiento de Es Castell de mantener la reclamación del cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al periodo comprendido entre los años 2008 y 2013 por una serie de discrepancias en la valoración catastral de sus propiedades. La cantidad pendiente de pago en concepto de estos seis años supera de largo los 100.000 euros. Autoridad Portuaria pidió que se anulara a la espera de resolver las discrepancias, algo que rechazó tanto el Consistorio presidido por Lluís Camps como un juzgado de primera instancia.
De este modo, la Justicia se pone del lado de la administración local en una de las vertientes de un conflicto, el cobro del IBI a Autoridad Portuaria, que se remonta en el tiempo y afecta también a muchos otros consistorios, entre ellos, Maó. La sentencia establece que el importe del IBI se establece y ejecuta en base al valor catastral del momento en cuestión, y que debe abonarse, aunque después deban resolverse las posibles discrepancias en las valoraciones, que corresponde subsanar a la Dirección General del Catastro, y no a la administración local.
Autoridad Portuaria dejó de pagar el IBI de Maó y Es Castell por la existencia de unas discrepancias en las calificaciones catastrales, que finalmente han sido revisadas en virtud de una resolución en este sentido del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC). Había errores en las superficies y la aplicación de ciertos criterios. El ente portuario alegó que, por este motivo, las liquidaciones del IBI eran incorrectas y debían anularse, algo que el TSJB no considera oportuno, ya que entiende que el importe del recibo se calcula sobre los datos de que dispone el Ayuntamiento, y que si hay desavenencias, estas deben corregirse y, si procede, compensarse a posteriori.
Según informan desde Autoridad Portuaria de Balears, una vez se ha ejecutado la resolución del TEAC con la revalorización de los bienes por parte del Catastro, los ayuntamientos de Maó y Es Castell les han enviado las correspondientes cartas de pago para regularizar la situación, con las cantidades pendientes debidamente actualizadas. En este momento se está negociando el pago de esta deuda acumulada desde entonces con cada uno de los ayuntamientos (en Maó la controversia se remonta a 2006), que ninguna de las tres partes ha concretado. En el caso de Maó, la deuda llegó a superar el millón de euros, aunque una parte se llegó a abonar. Este Consistorio procedió incluso al embargo de dos propiedades.