El PP de Menorca ha lamentado este viernes el perjuicio que supone para todos los menorquines una nueva sentencia millonaria, en este caso el pago de siete millones de euros a Princesa Son Bou por impedir la construcción de 106 apartamentos, que se suma a la sentencia Cesgarden, que se eleva a casi 29 millones de euros y a la que el Consell Insular de Menorca debe hacer frente.
«Seguimos pagando la mala gestión de los pactos de izquierdas y los efectos del Plan Territorial Insular de Menorca de 2003, que solo en Son Bou han dejado sentencias que suman más de 35 millones de euros, y quedan pendientes Eidivissa y Grupo Meliá, lo que equivale a casi la mitad del presupuesto anual del Consell Insular de Menorca», ha dicho la portavoz del Grupo Popular del Consell, Salomé Cabrera.
El Grupo Popular ha exigido responsabilidades ante «unos hechos tan graves». «Es inconcebible que las decisiones de unos pocos hayan provocado un perjuicio económico de esta magnitud y que nadie haya asumido responsabilidades hasta el momento, nos están arruinando», ha señalado
También ha exigido explicaciones a la actual presidenta, Maite Salord puesto que, según ha dicho, «hace poco más de un año entendía que el Consell no debía indemnizar a la promotora de Princesa Son Bou y hoy se pone de manifiesto su imprudencia, a pesar de los precedentes que existen en Menorca», ha manifestado Cabrera.
Los 'populares' han criticado que la administración insular esperase «hasta el último minuto» para presentar un recurso de casación de la sentencia que desestimaba la reclamación patrimonial de la promotora Princesa de Son Bou, y que ratificaba la anulación del Plan General de Alaior.
«Maite Salord tomó esta decisión después de haber celebrado que la sentencia era favorable y que no tenía ninguna intención de recurrirla, cuando la alcaldesa de Alaior, Misericordia Sugrañes, había advertido al Consell de Menorca que el procedimiento no había finalizado, y avisó también de la necesidad de recurrir para evitar nuevas indemnizaciones a la administración», ha añadido.
El Grupo Popular ha pedido a la presidenta del Consell Insular de Menorca que «escuche más a la oposición».
«Cuando el Consell iniciaba el procedimiento de derogación de la Norma Territorial Transitoria ya avisamos que era ilegal y que podía ser impugnado, un año después han iniciado de nuevo el procedimiento, se demuestra que el PP no estaba equivocado», han indicado.
«Tampoco tenemos claro que las decisiones que se están tomando con la carretera puedan provocar perjuicios económicos y sobre Cesgarden, seguimos esperando que cumplan con sus compromisos y exijan al Govern que ayude al Consell a pagar la sentencia», ha remarcado la portavoz del PP.
Por otro lado, los 'populares' han asegurando no entender la negativa del Consell a refinanciar la deuda con los bancos para pagar menos intereses por Cesgarden.
«Esta operación la dejó preparada el antiguo equipo de gobierno del PP, pero el actual equipo de gobierno la ha rechazado. Esa es la gestión a la que nos tienen acostumbrados, parece que el dinero no es de nadie», ha concluido Cabrera.