El Ayuntamiento de Maó ha decidido aplazar el cobro de las plusvalías en las operaciones en que el inmueble se vende por un precio inferior al que fue adquirido. De este modo, el Consistorio reacciona a la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 11 de mayo que declara nulo este impuesto en estos casos de inexistencia de ganancias, a la espera de que el Gobierno central modifique la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para adaptarla a esta resolución judicial.
La medida se adopta para las operaciones realizadas desde el 15 de junio, fecha en que la sentencia del Constitucional se publicó en el BOE. Desde entonces no se ha realizado ningún cobro aún. Los propietarios que puedan beneficiarse de ella deberán solicitar el aplazamiento y acreditar que no ha existido un aumento del valor del bien. El formulario estará disponible en la página web municipal. La liquidación del impuesto quedará entonces pendiente de que se lleve a cabo el cambio legal correspondiente. El teniente de Alcaldía de Hacienda, Jordi Tutzó, comenta que el plazo para el cobro efectivo de la plusvalía es de cuatro años, por lo que hay margen para adoptar esta medida cautelar a la espera de que Madrid mueva ficha y se pueda adaptar a la ley la ordenanza municipal. Luego, se actuará en consecuencia. Una cuestión a resolver es desde qué fecha se aplica la sentencia.
Tutzó considera que el impacto de la medida en el presupuesto municipal no se puede estimar, aunque supone que no será excesivo. El aplazamiento evitará futuras reclamaciones de propietarios beneficiados por la sentencia del Constitucional, y a los que ahora el Ayuntamiento les podría seguir cobrando porque la ley estatal así lo ampara al no haberse modificado para adaptarse a la reciente sentencia, aunque el concejal asegura que este no es el motivo de la medida. «Es solo una cuestión ética, se ha creado una situación incierta y no queremos cobrar lo que no podemos cobrar porque ha sido declarado nulo. Nos ponemos del lado del ciudadano, damos un paso dentro de este galimatías», comenta Jordi Tutzó.
La medida se aplica de forma inmediata. No tiene que pasar por pleno al no suponer un cambio de ordenanza. Fue planteada por el equipo de gobierno a la Junta de Portavoces y tanto el Partido Popular como Ciudadanos de Menorca la respaldaron, según explican desde el equipo de gobierno. De este modo, el Ayuntamiento de Maó actúa ante una situación de incertidumbre generada por la sentencia del Tribunal Constitucional, y lo hace del mismo modo que otros consistorios de España como son el caso de Málaga, Santander, Mataró o Dos Hermanas, entre otros.