Albert Moragues dimite como presidente de la Fundació Rubió

Albert Moragues hizo efectiva este martes su dimisión como presidente de la Fundació Rubíó Tudurí, al conocer que se había abierto un nuevo enfrentamiento entre la familia Rubió y el actual inquilino de la finca, con una denuncia policial de por medio.

Era una dimisión anunciada, ya que el propio Moragues ha confirmado que comunicó su decisión al patronato el pasado mayo, pero que siguió al frente de la entidad para dejar resueltas cuestiones pendientes, como el cierre de las cuentas anuales y la revisión del contrato de alquiler con Dimitri Sturdza para que obtenga el visto bueno del Protectorado de Fundaciones del Govern balear.

Moragues ha declarado sentirse "cansado" del conflicto casi permanente con los descendientes de Fernando Rubió, que él ha intentado resolver sin éxito. En el plano económico, el ya expresidente cree que deja la fundación en mejor situación que cuando asumió la responsabilidad de dirigirla, en 2015. Tras su marcha, queda al frente del patronato como vicepresidente el arquitecto Joan Enric Vilardell.

Nueva denuncia de los Rubió

Dos herederos de Fernando Rubió presentaron este martes una denuncia ante la Policía Nacional por haberles sido impedido el acceso a la finca de Mongofra. Según relatan fuentes de la familia, las dos personas -madre e hija- habían anticipado con el plazo y las formas exigidas su llegada la propiedad que fue de su padre y abuelo respectivamente y cuando llegaron a la barrera se la encontraron cerrada con dos candados y sin nadie que atendiera su llamada ni diera las explicaciones oportunas.

La situación les llevó a dirigirse a la Comisaría de la Policía Nacional a interponer la correspondiente denuncia, puesto que se les privaba de un derecho que tienen reconocido por voluntad directa del mecenas, ratificado por una sentencia judicial de 2012. Fuentes de la familia agregan que la propia Fundació se gastó 250.000 euros en ese litigio con el que intentó privar a la familia del uso de la finca. Con esos antecedentes, el episodio de este martes debió ser interpretado por las herederas de Fernando Rubió como una acción intencionada y acudieron directamente a la Policía, quien según parece intentó localizar al presidente de la Fundació, Albert Moragues, o al actual inquilino de Mogofra, Dimitri Sturdza, quien estos días se halla en Francia y sobre quine se ha presentado una segunda denuncia.

23 años

Según la versión de la familia Rubió, la Policía contactó por teléfono con el presidente de la Fundació Rubió, Albert Moragues, quien habría contestado «están ustedes hablando con un presidente dimitido».

Hace 23 años que los herederos usan la finca con fines vacacionales, si bien no es esta la primera vez que han surgido incidentes. Fuentes de la Fundació reconocen ese derecho y que se ha establecido un protocolo para facilitarlo, que supone avisar con 30 días de antelación y abonar los gastos que implica el alojamiento. No son, según parece, esas condiciones las que han provocado el episodio de ayer, que fuentes de la Fundació atribuyen más a un mal entendido que a la voluntad.

Esa tesis estaría abonada por la presencia el mes pasado en la finca de Mercè Rubió, la hija del mecenas y miembro del Patronato de la Fundació, quien no encontró inconveniente alguno en el uso de la finca y que contrasta con el problema registrado este martes.

Fuentes de la familia interpretan que se trata de una maniobra más para presionar a los herederos a que renuncien a su derecho, máxime ahora cuando se ha encontrado una vía de sostenibilidad finaciera de la Fundació a través del alquiler a Sturdza.