El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán ha desestimado la queja remitida por la Asociación de Comerciantes de Son Parc por presuntos daños medioambientales y los consecuentes perjuicios económicos que podría generar el emisario que se construye en la cala para dar servicio a la depurada de Addaia.
En la contestación, el Defensor del Pueblo recuerda que la depurada de Addaia fue «sometida a la evaluación de impacto ambiental, la cual finalizó con una declaración, en 2013, favorable a la ejecución del proyecto». Asimismo destaca que en su día la asociación presentó alegaciones al proyecto, y «se estudiaron los posibles las afecciones que pudieran derivarse de la ejecución a los espacios de la Red Natura 2000 y también los posibles impactos por olores».
Además incide en que «la declaración de impacto ambiental impone al promotor medidas para la prevención y corrección de efectos negativos», y concluye que «no se observa una actuación de la Administración que implique infracción o una actuación incorrecta que impida o menoscabe el ejercicio de un derecho o legitime la intervención del Defensor del Pueblo».
También reprocha a la asociación que no haya presentado a plazo las quejas. «Deben presentarse en el plazo de un año desde que se tuviera conocimiento de los hechos. En el caso de las quejas referidas a una presunta evaluación ambiental defectuosa, la eficacia de la actuación depende en gran medida de que el asunto pueda iniciarse y estudiarse lo antes posible, especialmente antes de que se autorice el proyecto».
Solo con las publicaciones del boletín oficial para presentar alegaciones no es suficiente. La ocultación (típica del fenómeno izquierda) de algo tan transcendente como un emisario en plena playa a los propietarios y asociaciones, afectara directamente al clamor del pueblo. Nadie se enteró hasta que venció el plazo de presentar alegaciones, se negó la oportunidad de reclamar. De las cuatro alternativas para colocar el emisario quien tubo la idea aberrante de instalarlo en plena playa comercial sin el consentimiento de nadie. Sucia politica de hechos consumados.