El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán ha desestimado la queja remitida por la Asociación de Comerciantes de Son Parc por presuntos daños medioambientales y los consecuentes perjuicios económicos que podría generar el emisario que se construye en la cala para dar servicio a la depurada de Addaia.
En la contestación, el Defensor del Pueblo recuerda que la depurada de Addaia fue «sometida a la evaluación de impacto ambiental, la cual finalizó con una declaración, en 2013, favorable a la ejecución del proyecto». Asimismo destaca que en su día la asociación presentó alegaciones al proyecto, y «se estudiaron los posibles las afecciones que pudieran derivarse de la ejecución a los espacios de la Red Natura 2000 y también los posibles impactos por olores».
Además incide en que «la declaración de impacto ambiental impone al promotor medidas para la prevención y corrección de efectos negativos», y concluye que «no se observa una actuación de la Administración que implique infracción o una actuación incorrecta que impida o menoscabe el ejercicio de un derecho o legitime la intervención del Defensor del Pueblo».
También reprocha a la asociación que no haya presentado a plazo las quejas. «Deben presentarse en el plazo de un año desde que se tuviera conocimiento de los hechos. En el caso de las quejas referidas a una presunta evaluación ambiental defectuosa, la eficacia de la actuación depende en gran medida de que el asunto pueda iniciarse y estudiarse lo antes posible, especialmente antes de que se autorice el proyecto».