Autoridad Portuaria de Balears estudia en estos momentos la posibilidad de iniciar un proceso sancionador contra Trapsa Yates, que permita iniciar el trámite de desalojo de las instalaciones que explota en estos momentos en el Moll de Llevant en el puerto de Maó. De este modo, Puertos se pone en marcha para afrontar la nueva situación generada después de que se incumpliera el plazo de un mes otorgado a la empresa para que devolviera la concesión a Autoridad Portuaria en virtud de la resolución del contrato comunicada el pasado 20 de diciembre.
El plazo de un mes acabó el domingo, pero ni ese día ni este lunes se produjo movimiento alguno por parte de Trapsa Yates en cuanto a la entrega de las llaves de los pantalanes que albergan los 165 amarres que gestiona en la que es la concesión más voluminosa del puerto de Maó, objeto desde su misma adjudicación de un debate y una controversia permanente. Ayer seguía operando.