El Ayuntamiento de Alaior no tiene intención de atender la petición de Cesgarden para el desarrollo del Área de Reconversión 04 contemplada por el PTI en Son Bou. La promotora pretende que se apruebe el Plan Parcial que presentó hace un año, ya que ese instrumento urbanístico le permitiría construir el hotel en una zona de la urbanización distinta a la proyectada inicialmente, origen de la indemnización millonaria que está percibiendo la promotora mallorquina.
El asunto aparece en el orden del día del pleno municipal convocado para el jueves con la propuesta del equipo de gobierno de «inadmisión a trámite» del citado Plan Parcial. En la anterior sesión se optó por aplazar el acuerdo de inadmisión con el fin de asegurar jurídicamente cualquier decisión que se adoptara, una actitud que responde la política de pies de plomo con la que el equipo de gobierno municipal ha decidido tratar todo lo relacionado con Cesgarden, explica el reniente de alcalde Emilio Agis.
Los servicios jurídicos municipales señalan que no existe el derecho a tramitar una modificación puntual a iniciativa privada ni puede llevarse a cabo cuando se está revisando el Plan General. También se está revisando el PTI y la fórmula misma de las ART en las que se basa la petición aparece en discusión. Además, la documentación aportada por la promotora no se corresponde con el PGOU de 1994 sino con el de 2009, que ha sido declarado nulo.
Además de esos argumentos de la casa, «lo razonable es esperar la revisión del Plan General que se lleva a cabo», añade Agis, «no se trata de una modificación puntual que responda al interés general del municipio, que podría justificarlo, sino que la petición viene de una empresa con un conflicto de intereses detrás». El Ayuntamiento sospecha que la promotora turística podría perseguir más objetivos indemnizatorios y que por esa razón habría presentado esta petición en un momento en el que el protagonismo urbanístico de Son Bou se ha traspasado al hotel de Meliá.
«Nuestra postura no es crear problemas al administrado sino facilitarle las cosas, siempre y cuando contemos con todas las garantías jurídicas», justifica.