Peligra no solo su puesto de trabajo en el campo menorquín sino también su lugar de residencia, la casa de la finca de la que disfrutan en usufructo junto a su familia a partir del acuerdo de las Sociedades Rurales Menorquinas (SRM) entre propietarios y payeses. Estas son las consecuencias derivadas de la compra masiva de llocs por parte de extranjeros, franceses preferentemente, en los últimos tiempos, cuya inversión no pasa por mantener la explotación agrícola y ganadera de estas fincas en la mayoría de los casos.
El Plan Territorial Insular protegió en su día el campo menorquín pero no tanto a la payesía, a tenor de los últimos acontecimientos. Una atención a la zona ajardinada del lloc restaurado por la nueva propiedad para destinarlo a agroturismo u hotel rural, a corto plazo, deja de precisar la presencia del campesino que acaba siendo forzosamente desalojado del que había sido su trabajo hasta entonces en lo que era una explotación agrícola y ganadera.
Unió de Pagesos, presidida por Manel Martí, ya ha trasladado su inquietud a la presidenta del Consell, Susana Mora, con quien se reunió a finales de la pasada semana para hacerle ver que la tendencia de estas ventas de fincas a extranjeros puede acabar con su trabajo y, por extensión, con parte de las alrededor de 400 explotaciones agrarias de la Isla, entre ellas unas 150 con ganado.
«A esta gente que compra un lloc en Menorca les importa muy poco la tierra de la finca y lo que se haga con ella», expone Martí. Sus prioridades son o bien disfrutar directamente de la propiedad o, en muchas ocasiones, convertirla en un agroturismo u hotel rural. «Ni los hoteles de los pueblos son tan grandes como los proyectos que sabemos que existen para algunas fincas», advierte.
El trámite que siguen los nuevos propietarios para desprenderse del payés no es abusivo. Primero les advierten de la conveniencia de que vayan buscando una alternativa a su trabajo y una residencia en su pueblo, y cuando llega la fecha de la renovación anual en función del SRM se consuma la rescisión del contrato con lo que el payés se queda sin el que ha sido su empleo y su vivienda.
A día de hoy al menos cinco payeses ya saben que con el cambio de propietario de los predios en los que viven y trabajan, van a tener que abandonarlos, señala la asociación.
El payés, explica Manel Martí, le toma cariño a la tierra que trabaja, «por eso es mucho más doloroso que llegue un nuevo dueño y diga que la tierra no le interesa para nada».
Desde Unió de Pagesos no esperan una solución inmediata a la problemática derivada del cambio de titularidad de algunas fincas de la Isla en los últimos años, aunque confía en que la revisión del PTI contemple algún tipo de garantía para mantener las explotaciones y con ellas conservar puestos de trabajo y residencia de los payeses.