El Parlament balear aprobó este jueves una proposición no de ley presentada por el diputado menorquín del PSOE Damià Borràs por la que se solicita al Gobierno central que la nueva declaración de obligación de servicio público que rige, durante la temporada media y baja, en la ruta aérea entre Menorca y Madrid cuente con una tarifa máxima nunca superior a los 60 euros por trayecto. En estos momentos el precio tope establecido es de 130 euros, y el Ministerio de Fomento aceptaría una rebaja hasta los 115 euros en el nuevo concurso que está a punto de salir a licitación. La pretensión del Ejecutivo autonómico, manifestada hace poco por el conseller Marc Pons, es llegar hasta los 90 euros.
Este punto de la proposición de ley contó con cuatro votos en contra del Partido Popular y ocho a favor del resto de los partidos políticos representados en la Comisión de Turismo, donde se realizó el debate de esta cuestión. Intervinieron Miguel Jérez del PP, Carlos Saura de Podem, Antoni Reus de Més per Mallorca, Josep Castells de Més per Menorca y Montse Seijas del Grupo Mixto. El texto justifica esta importante rebaja del precio de referencia del trayecto de la OSP con Madrid por «la necesidad de que se establezca una tarifa que permita ejercer, de manera suficiente, el derecho a la movilidad y la igualdad de oportunidades a los ciudadanos de Menorca y favorecer la competitividad de la economía de la Isla».
Una propuesta de transacción del PP permitió que el otro punto de la proposición no de ley saliera adelante por unanimidad. En este se solicita al Gobierno central, de un modo más genérico, que se modifiquen las condiciones de la OSP con el objetivo de «mejorar las condiciones operativas en la ruta en cuanto a frecuencias, así como ajustar a los horarios y la extensión del periodo» ajustándolo a las necesidades reales. Cabe recordar que el Ministerio de Fomento habría aceptado ya que en los meses de mayo y octubre, cuando existe ya una cierta actividad turística, la ruta quede fuera de la declaración de servicio público, con lo que podrá haber una mayor presencia de compañías en libre competencia.
También pide la proposición no de ley que la OSP incluya un sistema de tarifas sociales para determinados colectivos. El PP sí aceptó que se solicite al Gobierno una rebaja de la tarifa de referencia ajustándola a las condiciones del mercado, aunque no que se fijen los 60 euros como cantidad máxima.