El GOB menorquín ha enviado una carta a Teresa Ribera, la nueva ministra de Transición Ecológica, con un compendio de los incumplimientos en materia medioambiental de la central de producción eléctrica de Maó. Comienza relatando los expedientes de sanción abiertos por «verter más agua caliente y clorada al puerto de la permitida o por haber funcionado durante siete meses seguidos sin controladores de emisiones», señala.
Explica en segundo lugar cómo se instalaron turbinas que no cumplían la normativa vigente «haciéndolas pasar por motores de emergencia, que después han pasado a funcionar mucho más de las 500 horas anuales máximas», denuncia el grupo ecologista.
Con la carta adjunta el estudio del Centro Nacional de Epidemiología que apunta la central como uno de lo principales focos contaminantes de ámbito estatal que inciden en la salud. A la carta se agrega también el informe sobre los costes económicos que la central provoca en términos ambientales y de salud, que la Agencia Europea de Medio Ambiente calcula entre 91 y 257 millones de euros anuales.
El escrito del GOB advierte también de la negligente pérdida de la conexión del cable submarino con Mallorca, lo que ha supuesto aumentar un 15 por ciento la actividad de la central y con ello incrementar los parámetros de contaminación.
También le cuenta a la ministra Ribera la escasa producción de energía renovable (3 por ciento) con que cuenta la Isla y termina exponiendo sus objeciones al proyecto que baraja Endesa para reducir los índices de contaminación. Entiende que inyectar agua depurada a la combustión de la central «es una tecnología que serviría únicamente para rebajar los gases NOx, pero no sirve para rebajar las emisiones de CO2, tampoco para eliminar las peligrosas partículas actuales y además podría contribuir a agravar las desposiciones de derivados de azufre», concluye.