La resolución del Defensor del Pueblo sobre el reglamento lingüístico aprobado el pasado mes de febrero por el Ayuntamiento de Maó provocó este jueves una reacción diametralmente opuesta entre el equipo de gobierno, que defiende que se trata de un texto «respetuoso con la normativa aplicable en la materia», y el PP, que después de ver cómo este órgano apoya sus teorías, denunció que «queda acreditado el sectarismo extremo» del gobierno municipal que conforman el PSOE y la agrupación Ara Maó.
Los responsables municipales destacaron que el reglamento de usos lingüísticos resulta de la aplicación del Estatut, que en su artículo cuatro reconoce la lengua catalana como lengua propia e idioma oficial, juntamente con el castellano, y de la Ley de Normalización Lingüística, que en su artículo seis reconoce el catalán como lengua propia de las corporaciones locales y prevé que éstas regulen su uso.
«Del carácter de lengua propia se deriva una consecuencia jurídica básica –aseguran– la de que el catalán sea la lengua normalmente utilizada por la Administración». En ese sentido, defendieron que el reglamento de usos lingüísticos «garantiza el derecho de las personas castellanohablantes que se relacionan con el Consistorio», que ya prepara una respuesta «convenientemente fundamentada» al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, quien denuncia una vulneración de derechos los castellanohablantes.
«Bochorno»
Por su parte, desde el PP hicieron hincapié en que si el gobierno municipal hubiera aceptado sus alegaciones en el proceso de aprobación del reglamento «nos hubiéramos evitado el bochorno de que el Defensor del Pueblo diga que nuestro Ayuntamiento discrimina a los mahoneses por su condición de castellanohablantes», en palabras de la portavoz del Grupo Popular en el Consistorio y exalcaldesa de la ciudad, Águeda Reynés.
En alusión a la recomendación del Defensor del Pueblo de modificar de forma «profunda» el reglamento, que el PP tilda directamente de «manifiestamente ilegal», Reynés aseguró que «es mejor redactarlo de nuevo porque no hay por dónde cogerlo». Es por eso que ayer instaron en pleno a la modificación del texto que ven carente de consenso y fruto de una «inadmisible falta de respeto a los que no piensan como ellos. Cabe recordar que la resolución de este órgano deja claro que contra el reglamento no cabe recurso de inconstitucionalidad y que la vía para impugnarlo es la contencioso-administrativa.