Este jueves se cumplieron dos años de la disolución frustrada del Consorcio del Acantilado del Puerto de Maó. El 11 de octubre de 2016 se reunió la junta rectora de este organismo, paralizado desde 2011, con la intención de aprobar su desaparición y, al mismo tiempo, una propuesta de convenio que garantizara la participación de sus tres integrantes en la preservación del cantil bajo otro formato. No salió adelante por formalismos, las dudas en el procedimiento y la necesidad de contar con unos documentos adicionales. Entonces el concejal responsable de manejar este cometido era Vicenç Tur, quien dejó el cargo unos meses después.
Desde entonces, el Consorcio ha mantenido su inactividad efectiva durante todo el mandato. Solo se mueven sus cuentas corrientes para ingresar las transferencias de Consell, Govern y Ayuntamiento de Maó que acaban siendo entregadas a los bancos a los que todavía se están devolviendo créditos suscritos cuando este organismo sí acometía actuaciones. Da trabajo en cuanto que hay que aprobar sus cuentas y presentarlas a los organismos correspondientes. No tiene personal.
La complejidad de la disolución y las escasas perspectivas de dar con una fórmula que mejore la colaboración entre administraciones han abocado al equipo de gobierno municipal a cambiar de opinión. Desde el pacto de PSOE y Ara Maó aseguran que en estos momentos su voluntad es mantener el Consorcio, que la disolución ya no se contempla. Es más. Hay movimientos para revitalizarlo, entre ellos intentar incorporar, como miembro o como colaborador, a un socio tan potente como es Puertos del Estado.
Paga Maó
Durante el largo letargo del Consorcio del Acantilado del Puerto de Maó, las actuaciones que se han realizado en la pared han sido sufragadas por el Ayuntamiento de Maó, alguna de importancia como la consolidación de una parte del tramo de Rochina. Existe el compromiso de que Consell y Govern aporten alguna cantidad actuar en el tramo del segundo ascensor.
La auditoría del Govern de 2017 sitúa la deuda en 1,6 millones
Según la auditoría financiera del Consorcio del Acantilado del Puerto de Maó que se incluye en la cuenta general del Govern de 2017, tanto el Consell como el Ayuntamiento de Maó aportaron a las cuentas de este organismo algo más de 120.000 euros cada uno el año pasado. Las contribuciones que constan por parte del Govern se quedan en 93.000 euros. La deuda con entidades de crédito se cifra en 1,6 millones de euros.