El Consell prevé pagar este año los seis millones de euros de la sentencia del caso Princesa Son Bou mediante un préstamo que está en trámites de concertar. Los presupuestos de 2019 contemplan ya el primer plazo de una amortización a diez años vista (poco más de 600.000 euros), además de 174.000 euros en concepto de intereses de demora. Cristina Gómez aseguró que el modo de pago no depende exclusivamente de lo que decida el Consell, sino de la ejecutoria por parte del juez, pero que si las tres ofertas que ahora se analizan son ventajosas se optará por un único pago de golpe. La previsión del Consell es afrontar este crédito un interés bancario del 1,15 por ciento, según aparece en su proyecto de presupuestos.
El impacto, pues, de esta sentencia en los presupuestos del Consell se percibirá hasta las cuentas de 2028. Durante cinco años compartirá capítulo en las previsiones financieras de la institución insular con la sentencia Cesgarden, que se está abonando a plazos desde noviembre de 2013. Para 2019, se destinan a la compensación a la promotora mallorquina 2.762.403 euros, a los que hay que sumar 381.423 euros por intereses de demora.
A día 1 de enero de 2019, la deuda a largo plazo del Consell se establecerá en 22,8 millones de euros, de los que prácticamente veinte millones corresponden al montante global de estas dos sentencias derivadas del proceso de esponjamiento en la urbanización de Son Bou como resultado de la aplicación del Plan Territorial Insular. La previsión para la finalización de 2019 es que esta deuda a largo plazo se haya reducido hasta los 17,7 millones de euros, de los cuales 16,5 millones de euros corresponderán a estas mismas dos sentencias.
Gómez destacó este martes que el proceso para la selección de la mejor oferta para financiar el pago de la sentencia de Princesa Son Bou se ha realizado con criterios sociales y «visión ética», algo que, considera, ha obtenido una buena respuesta por parte de las entidades financieras interesadas en esta operación.