El Consell ha aprobado una iniciativa piloto para promover la salida al mercado de alquiler de viviendas vacías a precios asequibles. Se compromete a ayudar a los propietarios –por ejemplo pagándoles la mitad del IBI– si cumplen con las condiciones establecidas por el llamado programa de alquiler ético, la más importante, la fijación de mensualidades máximas. ¿Cuál entiende la administración insular que debería ser precio de un alquiler para considerarse ético?
El cálculo ha sido encargado al Obsam, que ha partido de la base de que el alquiler se debe poder cubrir con entre un 30 y un 40 por ciento de los ingresos de una unidad familiar. Tomando como referencia el nivel de ingresos más habitual en la Isla y restando una media de 50 euros mensuales de gasto de suministros llega a la conclusión de que el precio de referencia se debe situar en los 6,33 euros el metro cuadrado, aunque establece factores correctores de ese precio en función de criterios como la antigüedad de la vivienda, su certificación energética, su ubicación, su estado de conservación y su nivel de equipamiento.
Así, para una casa tipo de 70 metros cuadrados, el precio de alquiler que deberán aplicar los propietarios que se quieran acoger al programa es de 443,37 euros al mes. En el caso de que esa vivienda –como le ocurre a la mayoría– tenga un nivel E o inferior de certificación energética debería aplicarse una rebaja del 20 por ciento. Si además la vivienda no se encuentra en Maó o Ciutadella el precio debería bajar otro diez por ciento. Ahora bien, si la finca se construyó después de 2001 se puede aplicar un diez por ciento de recargo, lo mismo que si la vivienda está equipada y amueblada.