El Consorcio de Disciplina en Suelo Rústico ha abierto al menos cinco expedientes a propietarios de casas de la urbanización de Shangri-La por haber realizado incrementos de volumen irregulares. Así lo anunció este jueves el GOB, que se felicita por el hecho que este ente del Consell, participado por los ayuntamientos, esté tomando cartas en el asunto.
Explica la entidad ecologista que en 2014 denunció que había casas de esta urbanización que habían realizado obras de ampliación, cuando se trata de un espacio incluido en el Parc Natural de S'Albufera des Grau, altamente protegido (rústico, ANEI, Xarxa Natura 2000). De hecho, estas construcciones se encuentran en precario, es decir, sin cobertura legal y en régimen de concesión por lo que dentro de unos años deberán ser desalojadas y, en principio, derribadas. Esto impide llevar a cabo actuaciones como las denunciadas por el GOB.
Cinco años después de las denuncias, desde el GOB informa que, una vez contrastada la veracidad de las fotografías aéreas aportadas ante el Consorcio, algunos de los expedientes abiertos cuentan ya una resolución que establece la demolición de los volúmenes irregularmente construidos así como la sanción correspondiente. Explica el propio GOB que las denuncias que formuló en 2014 «levantaron polémica, especialmente porque en aquel momento había presiones soterradas para tratar de legalizar las edificaciones». Siempre según el relato de la entidad ecologista, «los propietarios negaron los hechos y la administración de aquel tiempo no abría ningún expediente». La actividad del Consorcio era entonces muy inferior a la está llevando a cabo en estos momentos.
Aunque el Consorcio funciona en muchas ocasiones de oficio, desde el GOB aseguran que de forma periódica les llegan avisos de gente que observa obras sospechosas en suelo rústico. «Desde la entidad se comprueban los hechos y, si realmente parece que pueden constituir una infracción importante, se traslada la información al Consorcio para solicitar que se investigue», apunta.
Es más, desde la entidad ecologista aseguran que una buena parte de estos expedientes «acaban en orden de demolición y en una sanción económica añadida». En los casos de viviendas construidas por completo sin licencia, estas multas pueden llegar a superar los 50.000 euros. Los casos de Shangri-La son de inferior volumen, «pero igualmente significativos», apuntan desde el GOB. Destaca la importancia de la función que desarrolla el Consorcio para evitar que la especulación afecte al territorio y que se sepa que actuar mal en este sentido tiene un precio.