17 días después de la firma del pacto entre los partidos de izquierdas para gobernar el Consell, el tripartito está inmerso en su primera crisis de gobierno, que se ha vislumbrado en el pleno del Consell de este lunes, en el que se ha aprobado el organigrama de la institución insular.
Més per Menorca se ha desmarcado de sus socios y sus tres consellers han votado en contra de las primeras medidas organizativas del equipo de gobierno, que no obstante han sido aprobadas gracias a los votos favorables del PP y Ciudadanos.
La discrepancia es por la presidencia de la Agencia de la Reserva de la Biosfera y del Consorcio de Residuos. La formación nacionalista alega que la presidenta de estos dos organismos debe ser la vicepresidenta y consellera de Medio Ambiente, Maite Salord, al entender que así se estableció en el pacto de gobierno, algo que niegan PSOE y Unidas Podemos.
Més acusa a sus socios de «romper de forma unilateral» los acuerdos firmados el pasado 5 de julio, y Maite Salord en el pleno ha afirmado que «no nos sentimos parte de este equipo de gobierno».
Por su parte, la presidenta Susana Mora ha lamentado las formas de Més para exponer estas discrepancias y entiende que estas decisiones se deben tomar dentro de la comisión negociadora, y no en apenas unas horas, bajo la "extorsión" que suponia la amenaza de un voto en contra de Més en el pleno.
La chispa estalló el viernes cuando Més recibió la propuesta de cartapacio que iba a pleno, y se dio cuenta de que tanto la presidencia de la Agencia de la Reserva de la Bisofera como del Consorci de Residuos recaía en Susana Mora.
Durante todo el fin de semana los partidos han intentado encauzar la situación, aunque el entendimiento no ha sido posible y se ha llegado al pleno de este lunes, donde el pacto de gobierno puede saltar por los aires, si las posturas se mantienen intactas.
PSOE, Més y Podemos han acordado reabrir la comisión negociadora para enderezar la situación, y los partidos confían llegar a un acuerdo en los próximos días. Por su parte, Més per Menorca ya ha anunciado que convocará una asamblea para, en función de los resultados de la comisión negociadora, decidir su posición e impulsar «las acciones que considere pertinentes».