El anuncio del Govern de que pretende introducir nuevos cambios en el proyecto para el despliegue de la red de gas natural en Menorca ha generado una «enorme incertidumbre», en palabras del PP, que podría conducir al «fracaso de una inversión de 30 millones de euros» y desembocar en acciones legales de la compañía operadora en contra del Ejecutivo autonómico.
La diputada autonómica y secretaria general del PP-Menorca, Asunción Pons, criticó este viernes al vicepresidente y conseller de Transición Energética, Juan Pedro Yllanes, por plantear de forma unilateral una modificación de proyecto sin haberlo consultado con el Consell o los ayuntamientos menorquines. A su juicio, ello supone la «ruptura del consenso» que se alcanzó en 2015, bajo el gobierno del PP, sobre este proyecto, aunque legislatura anterior ya se mostraron discrepancias por la ubicación de las plantas de distribución que Gas Natural (hoy Naturgy) pretendía instalar sobre suelo rústico y por la construcción de canalizaciones junto a la carretera general.
Estos cambios, según asunción Pons, «abren la puerta a acciones legales de la empresa concesionaria, con la reclamación de elevadas indemnizaciones, que deberá pagar la Comunidad Autónoma». La diputada asegura que desde 2015 los gobiernos formados por PSOE, Més y Podemos han puesto «toda clase de problemas y dificultades a la gasificación de Menorca, cuestionando y retrasando la ejecución de un proyecto que reúne todos los requisitos legales». El PP considera «incoherente» que la izquierda apoyara en principio el gas natural como «energía de transición» mientras no se culmina el despliegue de las renovables y cuando llegó al gobierno lo haya «boicoteado». Pide que Juan Pedro Yllanes se desplace a Menorca para dar explicaciones a los alcaldes y grupos políticos del Consell.