A las 9.49 horas del 28 de octubre de 2018, hoy hace exactamente un año, un fallo a gran escala en el sistema eléctrico dejaba sin suministro a cerca de 39.000 viviendas y negocios. Un virulento cap de fibló había cruzado la Isla de sur a norte tumbando cinco torres eléctricas y dejando inoperativas las dos líneas de alta tensión que cruzan en paralelo la Isla para transportar la electricidad desde la central de Maó. Todo el poniente insular y parte de la zona centro se preparaban para un largo y penoso viaje hacia la era preindustrial a las puertas de la tercera década del siglo XXI.
Este fenómeno meteorológico típico del otoño balear dejaba patente la fragilidad del suministro eléctrico y la falta de preparación del sistema para afrontar un acontecimiento que dejó en papel mojado todas las previsiones y preceptos legales. Después de una crisis que se prolongó durante 56 horas, ha pasado un año en que la precariedad energética y la insuficiencia de las medidas para que no vuelva a ocurrir han centrado un debate público y político que nunca ha llegado a resolverse. Menorca ha estado un año y continúa mirando al cielo y cruzando los dedos.
Dos años de precariedad
Pero esa precariedad aparentemente sobrevenida se remonta de hecho al 27 de octubre de 2017, hace dos años. Ese día el cable submarino, que llevaba años dando síntomas de fatiga y que en verano de 2016 recibió el impacto de un ancla, dejó de funcionar. Nunca más lo volvería a hacer. La Isla quedaba aislada del sistema eléctrico balear después de cuatro décadas compartiendo esfuerzos energéticos con Mallorca. El cap de fibló puso en evidencia esa delicada situación. Lejos de contar con dos enlaces como estaba planificado, Menorca se quedaba sin ninguno y al albur de cualquier imprevisto.
Tras el traumático apagón, la primera reacción es la búsqueda de culpables, la aprobación de ayudas a los afectados y la exigencia de medidas extraordinarias de contingencia. La primera llega unos días después, a principios de noviembre. Tras años de retrasos en la tramitación administrativa, el segundo cable –convertido en el primero– recibe un llamativo acelerón con la autorización administrativa del Consejo de Ministros. Lo primero era terminar cuanto antes con el aislamiento eléctrico. El cable se empezará a tender sobre el mar solo un año después (a principios del próximo noviembre). A saber cuándo habría llegado sin el cap de fibló.
Todos los ojos se giran hacia las compañías eléctricas. Endesa se sacude toda responsabilidad. Tanto las líneas de alta tensión, como el cable son desde el año 2010 cosa de Red Eléctrica, el operador y transportista del sistema. El Govern le abre un expediente que poco después archiva con una conclusión decepcionante para los miles de afectados. Informes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) atestiguan que el gran apagón se produjo por causa de fuerza mayor, no habría compensaciones por los más de dos días sin suministro.
Ha pasado un año y empresas y particulares afectados tanto por el paso del tornado, como por el posterior apagón todavía no han cobrado ni un euro de los 500.000 euros de ayuda pública habilitados. Pero la gran pregunta sigue siendo: ¿Estamos un año después preparados para que no ocurra lo mismo si vuelve a suceder un caso de la envergadura del cap de fibló? Hasta hoy todos los partidos políticos coinciden. No, por mucho que legalmente la red eléctrica menorquina siga cumpliendo con los criterios de garantía de suministro que establece la legislación.
A esa realidad se agarra el Gobierno –ya lo había hecho antes del cap de fibló– para negarse a aprobar la gran demanda, la instalación de generadores de emergencia que eviten tener que poner en marcha la operación desembarco que se produjo en los días posteriores al 28 de octubre. Los menorquines empezaban a familiarizarse con el criterio N-1 (ene menos uno). La ley establece que si cayéndose una línea de alta tensión el sistema puede seguir funcionando no hacen falta medidas extraordinarias.
Medidas 'antiapagón'
Todas las que se toman las asumen en marcha las compañías eléctricas por propia iniciativa. Red Eléctrica decide trasladar a la Isla la grúa que permite reparar a las torres de alta tensión. Es la única novedad en relación a las medidas que había tomado con anterioridad, básicamente el refuerzo del mantenimiento y el traslado de elementos de la red para agilizar su sustitución en caso de avería. Endesa se hace con generadores de emergencia para la central y refuerza su mantenimiento, pero ya en agosto de 2019 denuncia que son medidas insuficientes, que es necesario que el Ministerio autorice los generadores de refuerzo.
Pese a que a principios de noviembre de 2018 la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anuncia en una visita a la Isla que se tomarán medidas extraordinarias ‘antiapagón', en los meses posteriores las negativas son rotundas y reiteradas. Desde Red Eléctrica el mensaje es claro. Lo traslada su presidente, Jordi Sevilla, en marzo. Otro cap de fibló así es tan improbable como que toque la lotería. Esa defensa de la garantía de suministro no convence a nadie más que al Ministerio, que cuando nueve meses después, hace apenas dos, se constituye un grupo de trabajo con Red Eléctrica y Endesa –el perro y el gato del sistema eléctrico– ni tan siquiera se persona.
En paralelo, el Consell pretende resolver otro gran problema que sacó a la luz el apagón. La falta de coordinación. En los días posteriores al cap de fibló, cuando desembarcaron hasta 70 generadores, cundió la improvisación, a falta de un a estrategia establecida para definir los puntos prioritarios de actuación. Un año después esa labor de coordinación, como prácticamente todas las medidas para evitar que se repita el gran apagón, sigue pendiente.