El 27 de octubre del año 2017 fue el último de servicio del cable de interconexión eléctrica con Mallorca, uno de los primeros que se construyeron en España, en 1975. La consecuencia más evidente de que en enlace quedara fuera de servicio fue el aislamiento de Menorca del sistema eléctrico balear, que la dejaba con la central de Maó como única fuente de producción –la aportación de las renovables es testimonial– y se reducían las garantías de suministro, pero la falta de cable también ha tenido consecuencias económicas para el conjunto del sistema eléctrico.
Según cálculos del operador del sistema, Red Eléctrica de España, la ausencia de conexión con el sistema mallorquín, y por ende el peninsular, ha tenido un coste de alrededor de diez millones de euros anuales, por lo que en los dos años que se han cumplido desde la interrupción del servicio del enlace submarino, se acumulan unos 20 millones de euros de sobrecoste para el sistema eléctrico.