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El Govern recula y dará a las islas todo el control de las herencias sin dueño

Enmendará sus cuentas para que consells y ayuntamientos se encarguen de todo el proceso

Pilar Costa y Rosario Sánchez, portavoz del Govern y consellera de Hacienda. | T. AYUGA

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La portavoz del Govern y consellera de Presidencia, Cultura e Igualdad, Pilar Costa, confirmó ayer que el Ejecutivo balear ha tomado la decisión de dar marcha atrás en su intención de tomar el control de las llamadas herencias intestadas, aquellas sin testamento, ni herederos legítimos, que según la última modificación de la Compilación del Derecho Civil de Balears, tiene a ayuntamientos y consells como legales preceptores. Después de la polémica generada por la introducción en el proyecto de presupuestos de una disposición final que reserva al Ejecutivo autonómico la iniciativa en el proceso e incluso la posibilidad de hacerse con la titularidad de los bienes heredados, se ha optado por recular, no solo para volver a la realidad inicial, sino para ir más allá.

Costa explica que «para que no haya malos entendidos hemos pedido a los grupos parlamentarios que dan apoyo al Govern la aprobación de una enmienda para derogar el artículo 41 de la Ley de Patrimonio». De esa forma, el Govern no solo retirará la polémica disposición final del proyecto de presupuestos, actualmente en tramitación parlamentaria, sino que «da un paso más» y se retira de todo el proceso.

Cabe recordar en este sentido que aunque la Compilación del Derecho Civil se modificó para definir que las herencias intestadas se reparten exclusivamente entre el Consell y los ayuntamientos de residencia del fallecido, la Ley de Patrimonio mantenía el papel del Govern como encargado de la tramitación, un precepto que estaba pensado para el momento en que el Govern compartía una tercera parte de los bienes. Con esta rectificación aumentada el Govern se retira de todo el proceso y lo deja en manos de los entes locales de las islas.

Costa confirma que esta decisión se ha tomado, «después de la polémica generada» y de las acusaciones de recentralización recibidas: «Nada más lejos de la realidad, la única intención era resolver una problemática técnica», la que hacía que se encontraran dificultades insalvables en las notarías ya que la administración autonómica no es heredera.

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